Los reiterados y desmedidos aumentos en las tarifas de los servicios públicos se vienen sumando desde hace un tiempo y generan importantes perjuicios para las familias. Subas irracionales que no tienen proporcionalidad con los incrementos salariales. Esto afecta de lleno a la economía de la gente, por lo que llegar a fin de mes se vuelve cada vez más complicado.

Desde la Defensoría del Pueblo bonaerense buscamos por todos los medios frenar estos tarifazos. Nuestras acciones siempre tuvieron como meta que las subas sean razonables y, dentro de ese contexto, estar siempre del lado de los sectores más vulnerables, que son quienes sufren con mayor dureza esta situación.

Esta postura quedó en claro cuando asesoramos a cada usuario con inconvenientes, asistimos a las audiencias públicas para oponernos a los nuevos cuadros tarifarios, exigimos que se revise la situación de los clubes de barrio y organizaciones intermedias. Reclamamos que la tarifa social se unifique y se simplifique para los que menos tienen y fuimos a la Justicia para frenar los aumentos.

En primer lugar, encabezamos acciones concretas para que los consumidores nos acerquen sus facturas y así ayudarlos a gestionar sus reclamos, teniendo en cuenta la particularidad de cada caso.

También exigimos que el Estado refuerce la tarifa social, garantizando que las familias más vulnerables puedan tener este beneficio indispensable, situación que no se respetó con las últimas modificaciones implementadas por el gobierno y que rechazamos contundentemente.

A su vez, pedimos que los clubes e instituciones que promueven el desarrollo social no sean víctimas de los fuertes incrementos, que se les hacen imposibles afrontar y que amenazan con la continuidad de sus proyectos, como todo lo que eso implica para la ciudadanía.

Fuimos a la Justicia, ya sea acompañando los reclamos individuales de las personas afectadas por el aumento del gas o directamente para oponernos al tarifazo eléctrico, pidiendo además que los organismos de control de los servicios tengan presencia de los usuarios entre sus autoridades, pero hasta el momento no tuvimos respuestas.

Claramente, las acciones de la Defensoría estuvieron marcadas por la convicción de acompañar a los ciudadanos que vieron afectada su economía. Desde una mirada crítica, entendemos que las tarifas debían actualizarse, que el sistema de servicios públicos debe fortalecerse para hacer frente la demanda, pero no aceptamos la forma en que se implementaron las subas, ya que nunca se aplicaron criterios razonables para actualizar los valores.

Existe una decisión oficial de avanzar con aumentos a como dé lugar, sin reparar en los reclamos de la gente y de las organizaciones que nos oponemos a esta situación. De todas formas, seguiremos adelante buscando que las autoridades entiendan el escenario para que estos pasos puedan hacerse de una forma razonable.

Nuestro pedido, a su vez, tiene que ver con que la Justicia acelere la gran cantidad de presentaciones, entre ellas las nuestras, para que se ponga un freno a muchas de las medidas que habilitaron los aumentos y que afectaron notoriamente a los consumidores.

En definitiva, continuaremos nuestra lucha contra los tarifazos y siempre en la búsqueda de que la racionalidad se imponga sobre otros intereses, buscando que los poderes escuchen de una vez este pedido urgente de los usuarios.