La decisión de la administración Kirchner de adelantar la elección nacional -la renovación de un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados- es una jugada hábil, en momentos que el Gobierno se deterioraba rápidamente por cuatro razones.

La primera de ellas es universal y es la crisis económica global, cuyos efectos sociales serán más intensos en el segundo semestre del año. Con el adelantamiento, el Gobierno evita que los comicios se realicen en un momento de mayor tensión, conflicto e insatisfacción que el actual.

La segunda es económico-social, y es el conflicto con el campo, que ha vuelto a las rutas con sus protestas. La crisis global es uno de los factores de los reclamos del campo, que en esta nueva etapa se han convertido en reclamos no sólo de los productores, sino de toda la cadena agro-industrial.

La tercera es social y es la sensación de creciente inseguridad que percibe la población, sobre todo en los grandes centros urbanos, donde no sólo han comenzado las marchas de los vecinos, sino también de los mismos policías, en un clima en el cual las figuras más populares del espectáculo se han transformado en los voceros de la gente en este tema crucial, que en los sondeos supera en prioridad al desempleo (pese a los efectos de la crisis global).

La cuarta es la pérdida del caudal electoral del oficialismo, ratificada en Catamarca el domingo 8 de marzo, donde el Gobierno perdió por diez puntos, pero logrando sólo 31% de los votos, cuando un año y medio atrás Cristina Kirchner era votada en esta provincia por el 58% de los votantes. La alianza que en esta provincia realizó el kirchnerismo con figuras del peronismo con imagen discutida, acentuó el costo político.

En el sistema electoral argentino, las provincias pueden determinar por sí mismas la fecha de elección local, es decir en este caso, de legisladores provinciales y de concejales municipales.

Tal ha sido el mencionado caso de Catamarca, que las realizó el último domingo por razones de plazos establecidos por la Constitución provincial. Santa Fe, que elige sólo cargos municipales porque renueva la legislatura provincial completa junto con el gobernador, ha convocado la elección municipal para el último domingo de agosto. La Capital esta semana adelantó la elección local de legisladores, para el último domingo de junio, la misma fecha que ahora el Ejecutivo ha elegido para realizar la elección nacional.

Con esta iniciativa se neutraliza la estrategia de Mauricio Macri de separar la elección para tener un triunfo contundente en junio con la candidatura de Gabriela Michetti como primera legisladora. Pero el objetivo político central es impedir que la oposición se unifique en la provincia de Buenos Aires. Es que el oficialismo hoy está obteniendo el 35% de los votos en este decisivo distrito. Si dos de cada tres votos opositores votan una misma lista, el oficialismo puede ser derrotado. Pero si la oposición se divide en dos bloques relativamente equivalentes -Macri, Solá y Narváez por un lado, la UCR, la Coalición y el Socialismo por el otro, y una tercera opción menor de la izquierda-, el oficialismo puede ganar, aunque pierda 10 ó 12 puntos respecto a la última elección.

La oposición ya está dividida respecto a la iniciativa oficial y ello beneficia al oficialismo en forma inmediata.

Desde el punto de vista institucional, el país paga un nuevo costo en materia de credibilidad. Modificar los plazos electorales establecidos por la ley -la elección nacional debe ser el último domingo de octubre de acuerdo al Código Electoral- de acuerdo a conveniencias electorales, ratifica que la Argentina es un país caracterizado por la falta de cumplimiento de las reglas de juego y esta iniciativa agrava esa imagen.

Para adelantar la elección se requiere que el Congreso apruebe el proyecto que modifica el artículo del Código Electoral mencionado. El oficialismo tendría la mayoría de la mitad más uno en ambas cámaras para aprobarlo. Pero no tiene la mayoría de dos tercios para lograr la aprobación sobre tablas, es decir, sin despacho de comisión.

Esta demora puede hacer que se incluya en el proyecto que, por única vez, no se cumpla el plazo de 90 días para la convocatoria a elecciones.

El Gobierno ha realizado una maniobra hábil, pero en política electoral suele decirse que la ingeniería electoral suele comerse al ingeniero.