Los derechos humanos fueron una de las herencias pesadas que les tocó a los gobiernos de Alfonsín, Menem y Kirchner. Obviemos a Duhalde, un presidente institucional que amaneció con la casa incendiada, y a De la Rúa, en cuya agenda estaba exactamente lo que hizo: nada. Pero Alfonsín, Menem y Kirchner optaron por colocar en la decisión sobre derechos humanos su mayor gesto de densidad simbólica: juicio a las juntas, indulto o reapertura de los juicios.

¿Qué hará un futuro gobierno con los DDHH? Los precandidatos presidenciales realmente existentes tienen un estilo más bien pragmático, y casi todos eran apenas adolescentes o niños en los años de terrorismo de Estado. Scioli, Macri, Massa, Randazzo o Sanz, a pesar de las diferencias que existen entre ellos, se muestran reacios a las refundaciones, tienen narrativas minimalistas, gestionalistas, amantes de la invocación al sentido común, y parecen, según sus discursos, esquivos del conflicto que reciben e inconscientes de la naturaleza conflictiva de sus ideas. Macri, el liberal más declarado, todos los días sopesa cuánto de continuidad habrá en su ruptura. Exceptuando a Carrió, ninguno tiene el rictus de un mesiánico. Todos hablan de mirar para adelante. Y pelearon para tener dos fotos: una con el papa y otra con Galuccio. Los páteres del cielo y subsuelo de la patria sublevada.

Gobernar un país viene sin beneficio de inventario y presupone gestionar la agenda que recibís (pobreza, energía, inflación, clase media, restricción externa, cepo, soja, seguridad, narcotráfico, transporte), pero también significa crear tu propia agenda. Sacar algún conejo de la galera. Kirchner fue de los más creativos. Y de hecho a los derechos humanos los fue a buscar sin que ellos lo busquen.

Este fin de año pasado Macri, Massa y Berni hablaron de derechos humanos.

Macri habló de cortar el “curro de los derechos humanos” en una referencia sobre el investigado proyecto de vivienda social “Sueños Compartidos”, que fue la tercerización de una política pública al grupo más radicalmente político de las Madres, en cuya órbita estaba Sergio Shocklender. Pero la frase tuvo un alcance mayor, generalizado, que el propio Macri no aclaró. ¿Cuál era el límite de la palabra “curro”?

Massa, rápido y para no quedar afuera, habló de cerrar la etapa, aunque dijo que eso se haría “con justicia”, y se acomodó sobre un cierto “hartazgo” social en torno a los derechos humanos pero sin quedar expuesto a una idea de “impunidad”, palabra maldita aún para un manodurista.

Lateralmente, el secretario de Seguridad (Sergio Berni) por esos días desdeñó la figura de la anterior ministra (Nilda Garré) diciendo que ella se preocupó por “los derechos humanos de los delincuentes”. De modo que Berni usó el concepto central y maldito: los derechos humanos de los delincuentes. En esta frase los derechos humanos se presentan como una manta corta que abriga a unos (delincuentes) y desprotege a otros (víctimas) porque consagra un sentido común donde el peor delito es el delito de Estado. Berni riñe que no se puede construir seguridad auditando a las fuerzas de seguridad.

En estas frases hay de todo un poco. Disputa de tiempos: pasado contra presente. Disputa de prioridades: juzgar al “Estado” o a los delincuentes. Como en una puerta giratoria mental: cada militar preso o policía preso es un preso común que se libera. Los juicios a los viejos militares correría el riesgo de hacer mainstream una cultura política antes identificada con la marginalidad política (la cultura de los Derechos Humanos). Juzgar militares implicaría, según esta lógica, debilitar al Estado, negándole simbólicamente el monopolio del uso de la violencia. E implicaría, un poco más concretamente, sacar recursos de un lado -la Justicia de los delitos comunes- para trasladarlos a otros delitos que se considerarían más “ideológicos” y menos urgentes de castigar.

Pero los juicios a los crímenes del pasado convivieron con torturas en el presente. En estos años convivió la violencia institucional con los juicios y castigos a militares de la dictadura. La desaparición de Luciano Arruga convivió con la prisión de Miguel Etchecolatz. No es que el “garantismo” se haya consagrado en estas playas. Por supuesto que hubo avances lentos en la creación de una burocracia capaz de controlar la violencia institucional. Hoy es ley, por ejemplo, el Mecanismo Nacional contra la Tortura, ¡pero aún no está “conformado” por razones de mezquindad y desidia!; o crecieron organismos como la Procuración Penitenciaria de la Nación que vela por los derechos de los presos. Pero la recuperación de la ESMA no aseguró que un preso común en una cárcel no sea torturado o fajado. Líneas paralelas. Se puede hacer una jornada contra la violencia institucional en un colegio de una villa porteña o bonaerense adonde los funcionarios nacionales del ministerio de educación escuchan a alumnos que denuncian el maltrato de los gendarmes en su barrio, puestos por el ministerio de seguridad también nacional. O un funcionario puede a la mañana poner una placa por un desaparecido, al mediodía sacarse una foto con las víctimas del delito y a la tarde encubrir un crimen policial. Estado contra Estado se superponen en un mismo cuerpo. ¿Cuántas capas de Estados hay? Veamos algunos datos: la citada Procuración Penitenciaria de la Nación registra casos de torturas denunciados en cárceles federales. Algunos fueron judicializados y otros no, ya que si el preso no quiere denunciarlo el Organismo registra pero respeta la decisión. Casos de tortura: 2014: 796; 2013: 724; 2012: 441; 2011: 403; 2010: 204; 2009: 197; 2008: 113. Un aumento preocupante.

Volvamos a “nuestros presidenciables”

El próximo presidente quizás comprenda que estrictamente en relación a DDHH y juicios por delitos de lesa humanidad recibe un tema “resuelto” a groso modo, con una sociedad que aprueba la existencia de estos juicios, y que tocarlos, torcer el curso de las causas, significará pagar el precio de descubrir un problema donde había una solución. Macri, que acepta la decisión histórica de encontrarse con YPF “ahí”, ¿aceptaría dejar el tema en la justicia, “donde está”? Esa podría ser una respuesta eficaz, porque entre gobierno y gobierno alguna Moncloa queda, amén del detalle de que la justicia no “funciona sola”, ni carece de disputas ideológicas. Pero esto, ahora, para este análisis, es harina de otro costal.