El patrimonio de María Eugenia Vidal asciende a 960 mil pesos. Así se desprende de la declaración jurada que difundió hace minutos la Escribanía General de Gobierno, en el marco de la ley que dispuso esa obligación a más de 55.000 funcionarios bonaerenses.

En los documentos a los que LPO pudo tener acceso, la Gobernadora declaró una casa en la localidad bonaerense de Castelar, valuada en $372.539 y un automóvil tipo sedan valuado en 210.000. Aunque en ambas propiedades, la Gobernadora dispone del 50% toda vez que son parte de su matrimonio con Ramiro Tagliaferro.

Vidal también dispone del 50% de una cuenta corriente de 111.149 pesos y de cajas de ahorro por 148.056 pesos, más una cuenta sueldo con 68.535 pesos y en efectivo unos 250.000 pesos.

En cuanto a ingresos, la mandataria bonaerense declaró tener un sueldo de 57.000 y una deuda hipotecaria cuyo monto -actualizado a la fecha- asciende a 155.538 pesos.

En su declaración, Vidal consignó que su ex esposo tiene también el 100 por ciento de una propiedad en Esquel, que tiene una valuación fiscal de 90.000 pesos. El intendente de Morón posee además una cuenta caja de ahorro con 119.611 pesos; un plazo fijo de 163.206 pesos y en efectivo 150.000 pesos; además de una cuenta sueldo por su cargo de intendente con 30.385 pesos y 1.867 pesos como interés de plazo fijo.

El gobierno bonaerense dispuso por ley que la gobernadora, vice, ministros, directores, secretarios, personal policial y del Servicio Penitenciario, con categoría igual o superior a la de subcomisario o equivalente, publiquen su declaración jurada en la página de la Escribanía General de gobierno bonaerense.

Las declaraciones tendrán una versión extendida que tendrá carácter reservado, y otra sintética, a la que se podrá acceder de forma pública.

Las declaraciones juradas patrimoniales sintéticas podrán ser consultadas desde hoy por cualquier persona, pero prevé sanciones para quienes tengan “cualquier propósito comercial, exceptuando a los medios de comunicación y noticias para la difusión al público en general”; “determinar o establecer la clasificación crediticia de cualquier individuo”; o “efectuar en forma directa o indirecta una solicitud de dinero con fines políticos o benéficos".