El Gobierno nacional dictó el miércoles una resolución para regular la pauta oficial, en una jugada para primerear al Senado donde casi al mismo tiempo comenzó el debate sobre tres proyectos de ley sobre el tema.

La ley que regule la publicidad oficial es un viejo anhelo de diferentes sectores y como explicó LPO incluso desde Cambiemos vienen impulsando un proyecto para fijar criterios de distribución de la pauta. Se trata de un proyecto del senador radical Juan Carlos Marino, que ayer se comenzó a debatir junto a los de Magdalena Odarda, de la Coalición Cívica, y Jaime Linares, del GEN.

El debate empezó en la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, que conduce la peronista Liliana Fellner, donde expusieron expertos en comunicación como Martín Becerra, del CONICET y la Universidad de Quilmes; Diego De Franceso, de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC); y Pablo Secchi, de Poder Ciudadano.

Fue el primero de varios debates. La semana próxima se espera la visita de funcionarios del Poder Ejecutivo, luego de que la senadora macrista Marta Varela propuso que invite a Silvana Giudici, del Enacom. Más adelante, asistirán a la comisión representantes de medios de comunicación, periodistas y asociaciones de medios.

En la Comisión dijeron a LPO que la idea es hacer un debate muy amplio y que la unificación de los proyectos salga después de un trabajo muy detallado y sin ningún apuro. De hecho, aclararon que el camino para conseguir un dictamen es largo y uno de los puntos a resolver es la unificación de los giros, ya que los proyectos fueron girados a distintos comisiones. Recién ahí podrían organizar un plenario de comisiones más acotado y organizado para avanzar sobre los textos.

Pero en el Senado ratificaron a este medio que pese a la resolución que dictó ayer la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete la idea es que la publicidad oficial esté regulada por una ley del Congreso.

Las modificaciones del Gobierno

Mientras tanto, el Gobierno estableció nuevos mecanismos y criterios de asignación de la publicidad oficial, que ayer volvió a estar en el centro de la polémica cuando salió a la luz que en el primer semestre se entregó el 70% de la pauta destinada a la web a empresas extranjeras como Facebook y Google.

Según detalla el diario La Nación, la resolución prevé que la publicidad oficial se distribuirá por campañas anuales que deberán estar previamente consignadas en un plan anual. 

El texto fija cuatro "criterios objetivos" según los cuales se asignarán las partidas. Por un lado, la circulación o audiencia del medio -según "los indicadores de referencia en cada mercado"- y la pertinencia o especialización del medio en función del mensaje y el público objetivo.

Por otro lado, toma en cuenta la zona geográfica a la que está dirigida la comunicación, y el fomento de medios sin fines de lucro, de pueblos originarios o de baja potencia (un criterio similar al que se aplica desde hace años en la ciudad con los medios barriales).

Además, los medios deberán acreditar el "cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y previsionales", si son sitios de Internet "deberán acreditar una antigüedad no menor a un año", y tendrán que informar si cuentan con algún código de ética o manual de buenas prácticas, o si están adheridos a algún protocolo voluntario relativo a la no discriminación, protección de la infancia y la niñez, o tratamiento de la violencia de género.

La resolución, agrega el diario, también plantea algunas restricciones a los contenidos de la publicidad, al excluir expresamente mensajes que "promuevan intereses particulares de funcionarios", que "de forma directa o indirecta hagan referencia a la campaña electoral del partido de gobierno" y que promuevan "campañas de desprestigio a personas, instituciones u organizaciones de la sociedad civil".