La Comisión de Libertad de Expresión citó a Sergio Szpolski, ex-propietario del Grupo 23, para que informe sobre la compleja situación de los medios que condujo a través del grupo.
Al comenzar la reunión, Remo Carlotto, presidente de la Comisión, dijo que por la mañana recibió una carta de Szpolski donde rechazaba la invitación.
Fue la segunda invitación al empresario, la primera había sido “con día y hora a acordar” pero jamás obtuvieron respuesta, la segunda era para hoy.
La Comisión no consiguió quórum, sin embargo Carlotto decidió mencionar el temario preparado para hoy. El primer punto era sobre Szpolski, aprovechó el momento para leer la carta de declinación y cuando terminó, la diputada Cecilia Moreau del Frente Renovador pidió la palabra para expresar su descontentó con la decisión de Szpolski.
“Me parece una vergüenza que no haya venido. Estafó a todos los argentinos, debe dar explicaciones” expresó Moreau.
Luego Araceli Ferreyra, diputada del FpV, dijo que deben insistir con otra invitación a Szpolski y de no presentarse en la Comisión ellos participarían como Amicus Curiae en las causas que tenga.
El presidente de la comisión confirmó que lo volverán a invitar y avaló la propuesta de Ferreyra para colaborar con la Justicia en las causas que involucren al ex propietario del Grupo 23.
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- 128/08/1606:50Otro ladrón al servicio de la saqueadora!!! Y los"paladines" de la facción sediciosa del FPV, encima le hace el aguante como a todos los mafiosos que integran la banda!!
El Tribunal Oral Federal N°3 fijó para este miércoles el inicio del juicio por presuntas estafas que habrían cometido las autoridades del Banco Patricios en perjuicio de sus clientes.
Los directivos de la extinta entidad -Alberto Miguel Spolski, Alejandro Bilik, Carlos Alberto Ungar, Ela Szpolsky, Héctor Mario Kleiman y Sergio Fryd- llegan acusados a esta instancia de apropiarse “mediante maniobras engañosas del patrimonio de las víctimas”, que son más de 100 y conformaron una querella unificada. Los clientes del Banco Patricios perjudicados sustituyeron plazos fijos y otras operaciones por obligaciones negociables emitidas sin respaldo entre 1994 y 1998, que les eran ofrecidas por una tasa de interés seis puntos superior. El monto total habría ascendido a 54 millones de dólares, según la hipótesis acusatoria.
De esa forma, se habría pretendido ocultar la real situación financiera que atravesaba la institución, que “no podría enfrentar los compromisos económicos asumidos”.