El Gobierno nacional publicó hoy el decreto que autoriza la venta de 17 inmuebles estatales. La propuesta la impulso la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) con el fin de reducir gastos y generar actividades económicas en espacios que no están siendo aprovechados.

Del total de inmuebles, 13 se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires y se suma a la venta del Tiro Federal y el Campo Argentino de Polo.

En los inmuebles ubicados en territorio porteño hay canchas de fútbol y un centro de salud mental que según prometió el Estado, seguirá funcionando. En el Conurbano hay un boliche, tres oficinas que usó la ex SIDE, una ex casa tomada, un inmueble para la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación y estacionamientos privados. Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que algunos de estos están en desuso y otros tienen las concesiones vencidas y cánones muy inferiores a los valores de mercado.

Entre los fundamentos del decreto, se destaca que las operaciones impulsan, además de una fuente de ingresos para el Tesoro Nacional, un impulso en la economía al reactivar diversas actividades productivas, por ende mejoraría las condiciones de vida de la población.

Ramón Lanús, titular de AABE advirtió que para el Estado resulta "altamente ineficiente que haya una cancha de fútbol en un lugar que bien podría usarse para otro fin, como la construcción de viviendas, que es una actividad que genera empleo directo e indirecto". En cuanto a ese mismo terreno, el alquiler que paga es de 22.000 pesos por mes, pero la tasación oficial estimo que el monto debería ser 116.000 mensuales. "Los inmuebles se van a subastar a través del Banco Ciudad a partir de septiembre y lo recaudado será destinado al Tesoro Nacional", precisó Lanús.

La casa que había estado tomada desde 2002, se encuentra en Solís 693. En el edificio vivían 80 familias hasta el 2013 tras un incendio debieron abandonarlo, vivieron en la calle durante dos meses esperando una respuesta del entonces Gobierno de Cristina Kirchner. Tras una serie de negociaciones, algunos pudieron reubicarse en otros lugares, otros recibieron ayuda económica y  a pesar que hubo gente que quiso volver al edificio, fueron sacados de inmediato.

De los 80.000 inmuebles que posee el Estado Nacional en todo el país, la AABE prevé continuar con un relevamiento para determinar el inventario total y verificar si cumplen actividades al servicio del Estado o si su uso actual ayuda al desarrollo de sus comunidades locales, en caso que no lo haga se pondrán a la venta.