Lejos de haber finalizado, las complicaciones judiciales que afronta el Gobierno por el tarifazo en el servicio de gas prometen seguir escalando con nuevas presentaciones en tribunales que tendrían como blanco la audiencia pública que ha sido convocada para los primeros días de setiembre.

Tras el duro fallo de la Corte Suprema que suspendió el tarifazo del gas para los usuarios residenciales, la administración de Mauricio Macri salió a recuperar la ofensiva política con la adopción de dos medidas clave que apuntan a dar cumplimiento a la sentencia del máximo tribunal.

Por un lado, ordenó el restablecimiento del cuadro tarifario que estuvo vigente hasta el 31 de marzo pasado para los usuarios residenciales. Y por otro lado, llamó rápidamente a una “audiencia pública” que se desarrollará en la Usina del Arte de la Capital Federal.

El Gobierno pretende concretar en una sola audiencia, el tratamiento de los aumentos tarifarios que están en juego para las nueve distribuidoras y dos transportadoras que prestan servicios a nivel nacional.

Por medio de la resolución 3953, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) convocó a una audiencia pública para el 12 de setiembre con el fin de considerar y evaluar “el traslado a tarifas de los precios de gas en boca de pozo y las tarifas transitorias de transporte y distribución que estarán vigentes hasta la aprobación definitiva Revisión Tarifaria Integral (RTI)".

Con esta movida el Gobierno pretende concentrar en una sola audiencia pública el tratamiento de todos los aumentos tarifarios que están en juego para las nueve distribuidoras y las dos transportadoras privadas de gas que prestan el servicio a nivel nacional.

Al menos cinco entidades defensoras de los usuarios y consumidores ya anticiparon que no comparten ese criterio y que, en caso de que las autoridades de Energía no atiendan sus reclamos, no descartan acudir a la justicia para exigir la realización de “audiencias regionales” que permitan poner sobre el tapete los costos y aportes económicos estatales que tiene cada distribuidora.

La jueza de la Suprema Corte, Elena Highton de Nolasco.

Télam

Los asesores del ministro Juan José Aranguren sostienen que el fallo de la Corte sólo le exigió al Gobierno convocar a audiencia pública sin especificar si debía ser una global para todas las prestadoras del servicio o una para cada una de las operadoras privadas.

Según la interpretación oficial, con una única audiencia pública en la Capital Federal se estaría cumpliendo con lo que marca el fallo que por unanimidad emitió el máximo tribunal presidido por Ricardo Lorenzetti.

En cambio, para el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis)—la entidad que promovió el amparo por el cual la Corte frenó el tarifazo—, Consumidores Libres, ADECUA, ACUBA y la Liga de Amas de Casa de Mar del Plata lo que corresponde hacer son nueve audiencias públicas para poder debatir los aumentos propuestos para para cada una de las distribuidoras: Metrogas, Gas Natural Fenosa, Litoral Gas, Gasnor, Gasnea, Ecogas, Gas Cuyana, Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur.

Los dirigentes de esas entidades plantean que resulta un despropósito que los usuarios residenciales de Salta, Jujuy o Santa Cruz se vean obligados a venir a la Capital Federal para poder plantear sus objeciones y cuestionamientos a los nuevos valores tarifarios.

Para sostener el planteo de las audiencias regionales, las entidades defensoras de usuarios cuentan con un argumento de peso.

La última convocatoria a los usuarios para debatir aumentos tarifarios en el servicio de gas se hizo entre 2005 y 2006 por medio de audiencias públicas desarrolladas en las principales ciudades del interior donde tienen su centro de operaciones las distribuidoras privadas.