La oposición volverá a pedir la suspensión de los tarifazos de luz, gas y agua, a través de un proyecto de ley presentado por el diputado Oscar Ziliotto, del bloque justicialista.

Tras el fallo de la Corte Suprema, que sólo frenó las subas en los consumos domiciliarios de gas, Ziliotto confirmó la convocatoria de la comisión para el miércoles a las 9.30, con su proyecto primero en el temario.

“Los aumentos tarifarios tienen que estar acorde a los ingresos de los argentinos”, pidió Diego Bossio, referente su bancada, que en estos días buscará apoyo del resto de la oposición para replicar la mayoría que puso en aprietos a Cambiemos, en la sesión que pidió la interpelación de Juan José Aranguren.

Esa mañana iba a reunirse la Comisión de Obras Públicas para frenar los tarifazos, pero la improvisada sesión obligó a suspenderla. Ni la exposición de Aranguren ni el fallo del máximo tribunal cambió la agenda.

El proyecto plantea la suspensión de los tarifazos de electricidad, gas y agua y propone un aumento gradual hasta 2018, que no podrá superar el 400% y deberá tener sus correspondientes audiencias públicas.

Es que si bien la Corte sólo detuvo los aumentos en gas para consumos domiciliarios, no detuvo los pedidos similares para el resto de los servicios en los tribunales inferiores. Una ley detendría esos reclamos, que también pueden terminar en el máximo tribunal.

Ziliotto plantea que una vez definido el aumento, para el resto de 2016 sólo pueda aplicarse una suba del 33%, otra del mismo porcentaje a partir del 1º de enero de 2017 y la restante desde julio de 2017, para luego fijar un nuevo cuadro tarifario definitivo.

Propone un “régimen de equidad tarifaria federal”, para evitar desproporciones en la aplicación de tarifas, que tienen valores disímiles en diferentes regiones del país.

Pide considerar los principios de equidad (contemplar las condiciones de desarrollo de las distintas regiones), promoción (que se promueva el desarrollo y calidad de vida en zonas postergadas) y justicia (el Gobierno no podría fijar costos mayores para zonas precarias)”.

También plantea un sistema de tarifa social para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y a los beneficiarios de planes sociales, asignaciones universales, personas cuyo estado de salud precise los servicios, entre otros.

Consistirá en una bonificación del 50% de la tarifa, pero en un consumo periódico básico determinado, llamado umbral de consumo. En caso de superarse, se cobraría la tarifa plena.

Durante la exposición de Aranguren, el Frente para la Victoria fue el único bloque que anticipó su intención de suspender los tarifazos, en la voz de Axel Kicillo; o sea, se descarta su apoyo el miércoles en la Comisión de Obras Públicas. 

No fueron tan tajantes el Frente Renovador y el Frente Progresista, necesarios para que el Ministerio de Energía deba sentarse a definir los aumentos con la oposición.