Gabriela Michetti rechazó las versiones acerca de que en su casa era habitual que hubiera bolsos con dinero, algo que difundió el abogado denunciante en la causa en la que se investiga el origen de fondos robados en el domicilio de la vicepresidenta.

El abogado Leonardo Martínez Herrero aseguró el jueves que la empleada doméstica de Michetti había señalado ante la Justicia que "era habitual que hubiese bolsos con dinero en su casa".

"La empleada nunca dijo eso. Vean la declaración de Norma, lo que dicen es absolutamente mentira", declaró Michetti al salir de su casa. "Me parece que esas infamias van a tener que ser explicadas", agregó la vicepresidenta, visiblemente molesta. 

"La causa está en la Justicia; ayer mismo envié una declaración sobre que estoy a disposición de la Justicia y ahora va a tramitar todo ahí", puntualizó la titular del Senado, que luego de la insistencia periodística sobre los supuestos dichos de su empleada, reiteró: "no hizo esa declaración".

El abogado Martínez Herrero, quien pidió investigar el origen de los 50 mil dólares y 245 mil pesos que la funcionaria denunció que le fueron robados en noviembre pasado, también habló de irregularidades en la declaración jurada de la vice. 

"En la declaración jurada de Michetti no figura la suma de 50 mil dólares que también indicó que le fueron sustraídos sino que registra una deuda en pesos por un valor menor. En esa época estaba vigente el cepo cambiario y sólo se podían adquirir dólares previo autorización de la AFIP por un pequeño porcentaje de los ingresos", sostuvo .

Además, el letrado señaló que "de existir esa suma que le fuera prestada por su pareja debía figurar en su declaración jurada o, de haber sido omitida, haberlos adquirido en el mercado paralelo".

El juez federal Ariel Lijo había solicitado el miércoles las declaraciones juradas de Michetti correspondientes a los períodos 2014 y 2015 en el marco de la investigación abierta sobre el origen de los fondos que fueron robados de la casa a la funcionaria el 22 de noviembre de 2015.

El magistrado también apunta a la fundación SUMA, ya que entre las medidas solicitadas requirió a la Inspección General de Justicia (IGJ) los legajos de esa entidad. La vicepresidenta había afirmado que parte del dinero sustraído era un dinero para una "donación".