La iniciativa de un grupo de diputados peronistas de avanzar con un pedido de informes ante la sospecha de varios tendrían los teléfonos pinchados fracasó hoy en la sesión de la Cámara Baja.

LPO había adelantado ayer sobre un revuelo en la Legislatura ante la sospecha de espionaje. Lo que había asomado como una inquietud durante las primeras horas de la mañana, creció con el correr de la tarde y el texto del pedido de informes llegó a tener unas 30 firmas.

Durante la sesión de hoy, el proyecto había sido incluido en el orden del día para ser votado sobre tablas. Sin embargo, a último momento se acordó retirarlo.

Mónica López y Walter Carusso

Aglaplata

En Diputados hay versiones encontradas y, tras la sesión de hoy, muchos prefirieron hacer silencio sobre el tema. "No podemos probar que nuestros teléfonos están pinchados. ¿De qué sirve un pedido de informes?", dijo un legislador.

El tema divide aguas entre diputados. En el sector que promovía el pedido de informes sostienen que la estrategia era trasmitir a quienes estarían al frente de las supuestas escuchas que los legisladores estaban al tanto de lo que sucedía.

Pero al final, se impuso la postura de retirar el proyecto del temario. Según trascendió, quien operó fuerte para esta maniobra fue un sector del peronismo y el Frente Renovador. Al parecer, desde esa última bancada no quieren saber nada con que el tema se siga instalando en los medios.

Según pudo saber LPO, uno de los caminos que se barajan es avanzar realizar un estudio sobre los teléfonos sospechados. "Si ese resultado da positivo por supuesto que recurriremos a la Justicia", sostiene un legislador.

El texto -que ahora incursionaría por las comisiones correspondientes- solicitaba al Ejecutivo que informe sobre la “intervención de teléfonos de funcionarios públicos".

Puntualmente solicitaba información sobre "si se tiene conocimiento acerca de que existen teléfonos intervenidos de legisladores, ex legisladores, intendentes, ex intendentes, otros funcionarios y referentes sociales" y destaca que, "en caso de ser así, informe si esas intervenciones tienen la orden judicial correspondiente".