El mediodía de este jueves la Corte Suprema de Justicia dio a conocer su fallo sobre la causa contra el tarifazo iniciada por la Asociación de Consumidores Cepis.
El director de la consultora Abeceb, Dante Sica, aseguró que "El fallo de la Corte le reconoce su jurisdicción al gobierno pero le advierte que se salteó un paso”. Además afirmó que lo importante del fallo es su incidencia en un programa económico que “está muy justo, no tiene mucho margen de maniobra y cualquier error, genera un costo fiscal”.
La decisión del máximo tribunal “le pone más presión al programa económico que el gobierno está liderando. En el corto plazo implica un nuevo desafío en el orden fiscal, pero lo sustancial es que genera ruido en la direccionalidad de las medidas y sobre todo en el proceso de búsqueda de inversiones que necesita la economía para crecer”.
Si bien se esperaba que la Corte obligara al gobierno a realizar audiencias públicas, lo cierto es que “la medida constituye un revés político para el gobierno con impacto negativo sobre tres ejes centrales del programa económico: la baja del déficit fiscal vía reducción de subsidios, el estímulo a la inversión y la normalización de la política energética para generar oportunidades para un sector con elevada potencialidad”, subrayó el economista.
Respecto del plano político, esta decisión puede generar dudas sobre la capacidad del gobierno de llevar adelante su política de cambio estructural. Si los agentes perciben que el gobierno ve acotado su poder político, ello podría incidir negativamente en la inversión, lo cual es especialmente relevante ya que la apuesta oficial es iniciar un ciclo de crecimiento sostenido impulsado por la acumulación de capital y no ya por el consumo.
Esto es crucial para el sector energético, donde quizá más que en ningún otro se necesiten esquemas de incentivos estables que estimulen la inversión y el aumento de la producción. Este fallo no solo implicará una reducción en las empresas afectadas, sino que a su vez podría retrasar decisiones de inversión al sembrar dudas acerca de las posibilidades del gobierno de realizar las actualizaciones necesarias.
La primera licitación de energías renovables está prevista para dentro de tres semanas y las empresas concursan por el costo de producción del megavatio. Estas ideas y vueltas levantan sospechas sobre la capacidad de cobro de las tarifas que permitan amortizar estas inversiones multimillonarias.
El costo fiscal
El impacto fiscal del fallo se explica por los mayores montos que el gobierno deberá dedicar a cubrir la importación de gas y el pago de estímulos (ya que aumenta la diferencia entre estos precios y el pagado por el productor). "El monto en que se incrementarán los subsidios dependerá de la evolución de los precios de importación de combustibles y la producción de gas 'nueva' (beneficiada por el Plan Gas), pero en principio estimamos que estará en torno a los $5.500 millones anuales. Esto es un 2,5% del monto total de subsidios energéticos corrientes de 2015 (medidos en dólares)”, precisó Sica al evaluar la medida del Alto Tribunal.
El impacto es mayor en el sector privado ya que los productores de gas pasarán a recibir un precio menor por el gas que consumen los usuarios residenciales. "En principio, esto implicaría una recorte de alrededor de $12.000 millones en los ingresos de los productores (poco menos del 10% de los ingresos estimados para este año considerando solamente las ventas de gas natural)", cuantificó el economista.
También se verán afectadas las distribuidoras y transportistas de gas, en cuyo caso el impacto sería aún mayor dado el peso de los usuarios residenciales en sus ingresos.
El fallo sienta un precedente firme respecto de lo puede fallar la Corte en el caso de los ajustes de las tarifas eléctricas, donde tampoco se realizaron las correspondientes audiencias públicas.
"Aquí el impacto fiscal sería mayor, pudiendo alcanzar los $15.000 millones, a lo que habría que sumar la necesidad de financiar también a las distribuidoras eléctricas, como se hizo el año pasado, cuando recibieron aproximadamente $10.000 millones", aclaró el especialista.
Es que mientras con la aplicación del tarifazo del gas, los subsidios se redujeron al 10%, pero con la adecuación tarifaria de la electricidad, el 70% del costo de generación sigue estando subsidiado.
En caso de que a la marcha atrás del tarifazo del gas se sume una suspensión del nuevo cuadro tarifario para la electricidad, el impacto fiscal total podría rondar entre $30.000 millones y $35.000 millones, es decir un 0,7% del PBI. "Este nuevo costo fiscal le suma una complicación adicional a la ya compleja tarea de bajar el déficit fiscal y para el cual habrá que salir a conseguir financiamiento extra, ya sea más deuda o más emisión monetaria a la prevista", adelantó el consultor de Abeceb.
El jefe de gabinete Marcos Peña no descartó recortar gastos de la obra pública ya planeada, para poder afectar los recursos al pago del subsidio a la energía.
De todas formas, el fallo no impide realizar los aumentos correspondientes en un futuro cercano, una vez que se haya pasado por las audiencias públicas correspondientes. Así, el principal efecto es el retraso en los ajustes correspondientes, lo que no implica un cambio en el camino elegido.
"Creemos que el Gobierno, con una adecuada estrategia (que incluye además de una política comunicacional, un reacomodamiento de su programa fiscal y energético, y la necesidad de evitar nuevos errores) tiene chances superar el actual escollo que representó este fallo desfavorable" diagnosticó el consultor.
"Lo cierto es que será necesario redoblar los esfuerzos, considerando que se perdió un tiempo precioso (el primer año clave) para hacer correcciones y que se viene un 2017 electoral que planteará nuevos desafíos y que será determinante para lo que sigue. Será crucial en adelante no volver a subestimar la dificultad que implica corregir los enormes desbalances heredados", opinó Sica.
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El fallo descolocó al Gobierno, que intentó disimular el golpe
