Tras bloquearla durante casi dos meses y luego de haber amagado con una posible compra, la empresa estatal Enarsa decidió levantar la traba que había impuesto para la venta de las acciones de Transener que Electroingeniería logró cerrar con el banco Macro.

La transferencia del 25% de las acciones de Transener al grupo bancario que comanda Jorge Brito quedó despejada a principios de agosto, tras una reunión que mantuvieron el ministro de Energía, Juan José Aranguren y la dupla dueña de Electroingeniería que integran Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta.

Inicialmente, la conducción de Enarsa que pilotea Hugo Balboa –un incondicional de Aranguren—le había negado a Electroingeniería la “conformidad” que tenía que darle según el acuerdo societario vigente para que pueda vender participación en Transener.

En un primer momento, en el sector energético se especuló que ese freno se debía a cierto malestar que existiría en la Casa Rosada por la cercanía y la buena relación que mantienen desde la campaña electoral pasada el grupo de la familia Brito y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

Inicialmente el Gobierno trabó la venta por la cercanía de Brito a Massa, pero tras una dura reunión en el Ministerio de Energía, terció Aranguren y ordenó a Enarsa autorizar la operación.

Pero tras la reunión con los timoneles de Electroingeniería, Aranguren le ordenó a Enarsa que desista de la idea de comprar esas acciones y le libere el camino al Macro para ingresar a Transener.

Lo que está en juego es el 25% de Citilec (la sociedad controlante de la principal transportista eléctrica del país) que había sido adquirido en 2005 a Petrobras por Electroingeniería, la empresa cordobesa que durante la era K tuvo una estrecha relación con la Casa Rosada y un crecimiento exponencial de sus negocios y contratos con el Estado.

Para esa operación, buscó la compañía de la estatal Enarsa que pasó a ser la propietaria de otra porción accionaria del 25%. En tanto, el restante 50% de Citelec permaneció en manos del grupo Pampa Energía que comanda Marcelo Mindlin, el dueño de Edenor y reciente comprador de los activos energéticos que aún le quedaban en el país a la brasileña Petrobras.

En el momento de la compra conjunta, Electroingeniería y Enarsa suscribieron un acuerdo societario en el cual se estableció que si una de las dos decidía enajenar sus acciones, debía obtener la conformidad previa de la otra parte. Además, se estipuló que la socia que no vende puede ejercer el derecho de igualar la oferta en juego y quedarse con las acciones de la otra.

Los directivos de Enarsa.

LPOJuan Casas

Jaqueada por una complicada situación económica y financiera, Electroingeniería comenzó a negociar la venta de su tenencia accionaria en Transener con el Banco Macro a principios de junio.

Tras recibir un crédito de 133 millones de pesos para atender sus compromisos más urgentes, Electroingeniería arribó a un acuerdo con la entidad bancaria de Jorge Brito para cederle el 25% de Citilec por una suma cercana a los 27 millones de dólares.

El Macro ya había rescatado a la kirchnerista Electroingeniería con un créditos de 133 millones, que fue el primer paso para la toma de control de Transener.

Mientras terminan de perfeccionar el traspaso de las acciones de Transener, los directivos de Electroingeniería esperan cobrar en los próximos días un pago de 100 millones de pesos que se comprometió a girar el Gobierno tras la redefinición de las obras de las represas patagónicas.

Ese pago corresponde a los estudios técnicos, trabajos preliminares y compras de materiales que se habían concretado a fines de 2015 y en los primeros meses de 2016.

Tras haber cuestionado el proyecto y luego de seis meses de análisis y negociaciones, el gobierno macrista decidió redefinir los alcances de las obras e introducir una serie de cambios para morigerar el impacto ambiental de las represas santacruceñas.

El acuerdo firmado en mayo con el consorcio constructor que integran Electroingeniería y Gezhouba prevé reducir la cantidad de turbinas de 11 a 8 para acotar las erosiones y los movimientos de caudales. De esa manera, se busca eliminar el riesgo de que se vean afectados tanto el Lago Argentino, como la zona de los glaciares.

Los cambios acordados provocarán una baja del 20% en el costo total de las usinas que trepaba inicialmente a casi 5.000 millones de dólares. Con esa diferencia de 1.000 millones de dólares que quedará disponible, el gobierno prevé construir la línea de alta tensión que necesitan las usinas para poder conectarse al sistema eléctrico nacional y que no fue prevista en el proyecto original.