“Les pido por favor que bajen la guardia con la 7.722”. Esta frase, pronunciada en el Sur mendocino por el subsecretario de Energía y Minería de la Provincia, Emilio Guiñazú, ante un grupo de jóvenes ambientalistas, desató la furia del massismo local.

El funcionario se refería a la férrea norma que prohíbe la megaminería a cielo abierto en toda la provincia, y que es considerada un baluarte de los combativos movimientos ambientalistas y antimineros.

Según la denuncia de referentes locales del Frente Renovador, “el Gobierno provincial, que en un principio se había mostrado respetuoso de los términos de la 7.722, terminó enviando al subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, a dar una charla, nada menos que en General Alvear, en la que pidió, sin ningún tipo de vergüenza ni conocimiento sobre el trabajo de los últimos años, a un auditorio de vecinos que ‘bajen la guardia’, en referencia a la defensa que los alvearenses, y miles más de otras partes de la provincia, hacen de la 7.722”.

Asimismo, en el escrito, rubricado por el referente de la Juventud del FR, Sebastián Garro, se afirma: “Lo que parecía ser un intento por debatir sobre el futuro de este sector –por la Mesa de Diálogo Minero lanzado por el Ejecutivo hace un mes–, terminó convirtiéndose en un claro y bochornoso intento por buscar formas de modificar la Ley 7.722, la misma que prohíbe el uso de sustancias químicas en la minería metalífera a cielo abierto en toda la provincia”.

La nueva embestida contra Cornejo por la minería, esta vez por parte del massismo, llega luego de que los más importantes empresarios mendocinos, nucleador en el Consejo Empresario Mendocinos, y el Gobierno nacional, en la figura del subecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Mario Capello, considerado por varios grupos ambientalistas, como un lobbista de la minera Barrick.

El viernes pasado, tras la presentación de un informe pro minero por parte de los empresarios, el funcionario nacional dejó en claro la postura del Ejecutivo al manifestar, entre otras cosas, que “cada provincia decidirá, pero el país necesita inversión y los argentinos necesitan encontrar trabajo; es una vergüenza que importemos minerales que hay en el suelo nacional y que generemos menos riquezas que las que obtiene Chile, país que no cuenta ni con una meseta patagónica, ni con una sierra pampeana, ni una pre cordillera”.

En Mendoza, la visita y las declaraciones de Capello no cayeron nada bien. Y no fueron pocos los grupos ambientalistas que dejaron filtrar un “perfil” del funcionario. “Es ingeniero en Minas, ex legislador nacional por el radicalismo de San Juan y un gran defensor del modelo minero de (José Luis) Gioja, en la provincia, incluso su sueño siempre ha sido que todo el país adopte las normas sanjuaninas para la minería, que en pocas palabras, le dejan el camino libre a las mineras para hacer lo que quieran”, fue la descripción de un combativo ambientalista mendocino.

Mientras, en el gobierno de Alfredo Cornejo, cada vez que pueden se encargan de afirmar que “la ley 7.722 se va a respetar y no tenemos intención de modificarla”, más allá de todos los indicios que marcan que ese es el objetivo final de la Mesa de Diálogo Minero y de la presión que en ese sentido se hace sentir cada vez con más fuerza.

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