La excusa fue la presentación de uno de los tradicionales informes de coyuntura económica que viene realizando el Consejo Empresario Mendocino desde diciembre del 2001. En este caso, el trabajo se tituló: “Minería responsable para el crecimiento sustentable con equidad”, y fue utilizado por los hombres de negocios más poderosos de Mendoza y por el gobierno de Mauricio Macri para enviarle un claro mensaje al gobernador Alfredo Cornejo.

El gran obstáculo que tiene el sector minero en la provincia es la ley provincial 7.722, conocida como ley antiminera, que prohíbe la megaminería en territorio mendocino. Cornejo se comprometió a mantener la vigencia de esa ley, sancionada en su momento con un importante aval social. Pero la presión para eliminarla es cada vez más fuerte.

En este caso, el CEM contrató al Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) para que realizada el estudio, con el aval de la Fundación Vida Silvestre. ¿El objetivo? Pedir por una minería “integral” que tenga aval del sector público, de la ciudadanía, que sea controlada y que se esfuerce por ser sustentable. En este sentido, la gran ausente en el informe fue la referencia a la ley 7.722.

El gobierno nacional y fundaciones cercanas al macrismo impulsaron en Mendoza la realización de un encuentro para empujar la minería, que estimaron podría dejarle a la provincia más de 300 mil millones de dólares.

Cippec es un centro de estudios cercano al macrismo y de hecho importantes cuadros de esa institución asumieron cargos con el PRO. Su ex presidente, Fernando Strafase, es el nuevo secretario General del gobierno porteño y el presidente del Consejo de Administración, Eduardo Levy Yeyati, pasó a integrar el directorio del BICE con la asunción de Francisco Cabrera como ministro de Industria.

El trabajo presentado cita un estudio previo realizado por la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camen), que estimó que el valor bruto de la producción metalífera potencial en Mendoza podría alcanzar un máximo de 349.234 millones de dólares, teniendo en cuenta los recursos conocidos y susceptibles de valoración económica. La cifra sin embargo, fue cuestionada localmente, por considerarla estimada en un plazo no determinado y calculada según difusas “actividades de exploración en distintos grados de avance”.

El secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance; el subsecretario de Energía y Minería, EmilioGuiñazú y el subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Mario Capello.

Mendoza

Que el CEM sea quien presione para que se le dé vía libre a minería en la provincia no es casualidad. La situación económica en la provincia es alarmante, y los más poderosos hombres de negocios entienden que diversificar la matriz productiva de Mendoza es la clave para mejorar su rentabilidad. Así, destacan que “los niveles de producción minera local son reducidos, erráticos y en baja desde el 2010”, y que “la producción minera en la provincia representa 0,5% del total argentino y 0,2% del PBG”.

Mendoza tiene además a la mano el ejemplo de Chile con gracias a la minería logró convertir a la economía de su país en una de las más dinámicas de la región.

Pero no sólo los empresarios presionan. Al acto de presentación del informe, fue invitado especialmente el subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Mario Capello, quien dejó en claro la postura del gobierno de Mauricio Macri: “Hay una gran esperanza sobre lo que pueda hacer Mendoza con la minería. Se pensaba que iba a ser el centro de la actividad del país. Hoy Chile exporta sólo en cobre, por año, el doble de lo que nosotros exportamos por el pool de soja –42 mil millones de dólares contra 24 mil millones–”, dijo, y agregó una temeraria afirmación: “No somos Canadá sólo porque no hemos desarrollado la actividad”.

Para dejar en claro que una ley provincial es un problema que debería ser fácilmente solucionable en un esquema económico general, Capello expresó: “Negamos miles de millones de dólares en inversión y hoy se hace minería a cielo abierto con cianuro –lo que prohíbe la 7.722– en Asia, Canadá, o con sulfuro, son químicos inherentes al método que los países aceptan para beneficiarse con sus riquezas minerales”, y cerró: “Cada provincia decidirá, pero el país necesita inversión y los argentinos necesitan encontrar trabajo; es una vergüenza que importemos minerales que hay en el sueño nacional y que generemos menos riquezas que las que obtiene Chile, país que no cuenta ni con una meseta patagónica, ni con una sierra pampeana, ni una precordillera”.

El que le contestó, in situ, a Capello, fue el secretario de Ambiente local, Humberto Mingorance, quien afirmó estar en “permanente diálogo” con los empresarios mineros y de la Secretaría de Energía de la Provincia “para que se avance con la actividad sin incumplir con la Ley 7,722”. “No es nuestra intención, y tampoco lo ha planteado el gobernador, modificar la 7.722”, debió aclarar ante los empresarios y el funcionario nacional.