“Marcos Peña tiene razón: el Estado es uno solo y puede usar sus bases de datos. Pero deberá cuidarse de saber quienes pueden acceder a ellos”, explicó a LPO una fuente de Anses que trabajaba a diario con las planillas de Exel que el jefe de Gabinete, por resolución, se apropió para hacer publicidad del Gobierno.

El material es tentador para empresas de primer nivel, que a tono con los nuevos tiempos por estos días diseñan estrategias de comunicación directa por redes sociales.

Los más interesados en obtener son los Bancos, que evalúan niveles de consumo y poder adquisitivo para ofrecer tarjetas de créditos sin costo.

El Gobierno repetirá que la Secretaría de Comunicación nunca filtrará información personal de la gente, pero deberá cuidarse y mucho de que algún empleado no lo permita.

Los bancos son los primeros interesados en acceder a la base de datos de la Anses y en la oposición advierten que esos datos ahora pasarán a manos de los empleados del Gobierno que manejan las redes sociales.

“Hay que tener en cuenta que no sabemos si los empleados de redes sociales del Gobierno son contratados o empleados. En el primer caso la tercerización de las planillas es un negocio fácil que puede justificar hasta su paso por el Estado”, explicó la fuente consultada.

Y se preguntó si el exitoso equipo de redes sociales del Gobierno lo integra personal estable de la Casa Rosada o monotributistas, que tarde o temprano venderán sus servicios al sector privado.

La famosa base de datos de Anses, cuentan en el organismo, fue cargada paulatinamente por los empleados a medida que sumaban programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo, Procrear, moratorias jubilatorias y devolución de reclamos al número 130.

Así se fueron reuniendo nombres, direcciones y, lo más importante, números celulares recientes, donde más apunta a la comunicación directa que planifica Peña para la campaña legislativa, si es necesario, ofreciendo smartphone a 2200 pesos y en cuotas. Se trata además de un interés poco original.

Esa creciente base de datos, pronto se convirtió en un tesoro hacia adentro del gobierno de Cristina Kirchner. Florencio Randazzo presionó para obtenerla cuando tuvo que instalar la tarjeta SUBE pero sólo logró que los laderos de Diego Bossio les enviaran los beneficios sociales de los inscriptos.

Luego la SUBE creó su propia base de datos, hoy tal vez la segunda más importante del Estado y como reveló LPO, antes de ir por los datos de la Anses, la Casa Rosada intentó quedarse con esa base.

Las dudas

“El problema más grande que teníamos era la carga de datos por parte de los empleados, que a veces era errónea. Pero la ventaja es que sabíamos que ninguno la vendía por afuera”, explicó a LPO la fuente de la Anses.

Si eso ocurriera, la responsabilidad del Estado sería total y sería más fácil que algún juez le diera lugar a la denuncia penal de los diputado kirchneristas, que acusaron a Peña de violar la ley de protección de datos personales.

Hay algunos antecedentes recientes. En 2010 Amado Boudou denunció a consultoras económicas y al diputado Claudio Lozano por acceder a planillas con información sensible del presupuesto, que habían sido comercializadas por una persona con acceso al Ministerio de Economía.

El acusado, según la denuncia, se había armado un tarifario según la calidad de los datos y el entonces ministro, aún sin el desprestigio que lo acompañó en la vicepresidencia, detectó que los consultores y Lozano solían repetir números oficiales demasiados finos. Y lo denunció.

Blanqueada la estrategia de usar los datos de Anses para la propaganda, el Gobierno ahora deberá evitar cualquier evidencia de haber dejado salir de la Casa Rosada documentos y celulares de la gente.

"¿Y si alguien dice haberle dado su número a Anses y lo llaman de un Banco a ese número?", concluyó la fuente. Tarde o temprano, será una de las variables que estudiará la justicia.