Lejos de la luna de miel de los primeros 100 días y con la campaña electoral cada vez más cerca, el segundo semestre del Gobierno en el Congreso apunta a ser más conflictivo y con debates incómodos, tanto o más que el de la vetada ley antidespidos.

La sanción de los beneficios a las Pymes confirmó la sintonía entre los senadores del FpV-PJ con los diputados del Frente Renovador de Sergio Massa y del bloque Justicialista de Diego Bossio, fuerzas que le permitieron a Macri tener las leyes más relevantes de su gestión, como el pago a los holdouts y el blanqueo.

Con el kirchnerismo de Diputados siempre en contra, una rebeldía coordinada de estos sectores frena cualquier avance de Cambiemos, cuyo primer desafío, justamente, será sortear la presión de todo el arco peronista para eliminar el tarifazo de gas.

Los senadores del FpV-PJ presentaron un proyecto para retrotraer las tarifas a abril y le advirtieron a Gabriela Michetti que, esta vez, no se la apañarán en silencio si vuelve a cajonear el tema en comisiones.

En diputados hay más desorden, pero no menos ruido. Para el martes esperan en la Comisión de Defensa y Usuarios y Consumidor a David Tezanos González, presidente de Enargas y hasta el 10 de diciembre titular de Metrogas, una de las distribuidoras beneficiada con el aumento de la tarifas.

Lejos de inquietarse por las acusaciones por conflicto de intereses, Macri lo ratificó y lo enviará a defender en el Congreso  la inacción del organismo de control ante los tarifazos que la justicia y el propio Gobierno consideró erráticos.

Héctor Recalde, jefe del bloque FpV, sigue con ganas de hacer una sesión especial sobre tarifazos. Ayer le envió una nota a cada jefe de bancada pidiéndole convocarla todos juntos, sin que nadie pierda protagonismo.

Sus laderos María Teresa García y Luis Basterra reforzaron la estrategia con llamados a los referentes de cada fuerza, pero es difícil que se atrevan a compartir cartel con los K.

Tarde o temprano deberán hacerlo, cuando se debatan reformas laborales y políticas presentadas por Cambiemos y ya resistidas por toda la oposición.

Macri admitió ayer a La Nación que, a su entender, la generosa legislación del trabajo perjudica la llegada de inversiones y por lo tanto hay que actuar.

En esa sintonía, como adelantó LPO, en el Ministerio de Trabajo está redactado un proyecto sobre modificación del sistema de ART, para que los litigios recaigan en el fuero previsional y no en el laboral, que el presidente calificó como poco equitativo, o sea, demasiado cercano a los trabajadores.

Los asesores de Cambiemos lo adelantaron en las reuniones de la Comisión de Trabajo, suficiente para que el kirchnerismo anticipara su rechazo y denunciara un paquete de flexibilización laboral. 

Esa comisión es un problema para el Gobierno. Presidida por el petrolero Alberto Roberti, del bloque Justicialista, sus miembros son sindicalistas que ignoran a sus bloques y se mueven según la dinámica gremial y arrastran a la mayoría de la oposición.

Son los casos de Héctor Daer (de Sanidad y del Frente Renovador), los metalúrgicos Abel Fulán (Frente para la Victoria) y Oscar Marínez (Movimiento Fueguino), el camionero Jorge Taboada (Chubut somos todos) y el canillita Francisco Plaini, también con monobloque.

Este grupo fue el primero en obtener dictamen por la ley antidespidos, frenó la de empleo joven enviada por el Gobierno (no aceptan reducir aportes patronales) y resistirá cualquier medida incómoda para sus bases. Lo supieron los operadores del Ministerio de Producción y evitaron girar ahí la ley de Pymes.

El minstro Jorge Triaca diagrama otra ley que puede despertar polémica entre los gremialistas: un cambio al régimen de pasantías, por considerar que ya no cumple la función de capacitación y es un “empleo encubierto”.

Los sindicalistas esperan atentos, temerosos de que sea un intento por extender el plazo de los empleos temporales. Los asusta el convenio de Trabajo con Mac Donald’s, para que 5000 chicos de entre 18 y 23 años trabajen por 4500 pesos.

Pragmático, Macri buscará conformarlos con un plan de devolución de los 30 mil millones de pesos de las obras sociales retenidos en el Banco Nación, un reclamo que el kirchnerismo nunca escuchó. 

Reforma política, Justicia y un Senado difícil

Cambiemos también intentará aprobar en Diputados la ley de nuevo ministerio Público, redactada por el Germán Garavano para restarle poder a Alejandra Gils Carbó, limitándole el mandato y creando cuatro subprocuradurías.

El ministro de Justicia no tuvo un buen paso por las comisiones, y por lo bajo son muchos los opositores y hasta radicales que dudan si es constitucional echar a la procuradora con una ley.

Para ganar tiempo, Sergio Massa presionó y logró crear la bicameral para el seguimiento de la Procuración, donde quiere de presidenta a su diputada Graciela Camaño.

Camaño tiene otro trabajo nada fácil: estudiar y fijar posición sobre la controvertida reforma política enviada por Rogelio Frigerio y Adrián Pérez, trabajada durante meses con gobernadores y referentes partidarios, pero cuya redacción final trajo sorpresas.

Como adelantó LPO, los salteños del bloque justicialista, cercanos a Juan Manuel Urtubey, no aceptan que en las primarias sólo sea posible votar por una fuerza política para todas las categorías. Al kirchnerismo no le gusta la boleta electrónica y en el massismo sobran interrogantes.

Seguramente Massa y Bossio definirán que cambio pedir con Miguel Pichetto, enlace del Senado con los gobernadores y con el presidente del PJ José Luis Gioja, quien prometió una y mil veces romper el bloque de Recalde, pero cada vez le encuentra menos sentido. Irse con menos diputados de lo que deje al lado de La Cámpora no mejoraría su imagen.

En el Senado Cambiemos tendrá que presionar y mucho para no tener malas noticias, que en el primer semestre pudo evitar muchas veces con anticipos de fondos a los gobernadores.

Aún así, logró aprobar los pliegos de los jueces de la Corte pero jamás pudo lograr tratar los de Federico Sturzenegger para el Banco Central y los de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la Agencia Federal de Inteligencia.

Nadie espera que salga de la Comisión de presupuesto los proyectos para retornar el fondo del conurbano a la provincia de Buenos Aires, sólo avalados por los bonaerenses y una excusas que tendrá Macri para cedérselo con fondos nacionales, no sin algunas grietas en su Gabinete. 

La lista de proyectos del Gobierno cajoneados es larga y la mayoría están en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, como el acceso a la información pública (hubo ronda de expositores) o la unificación del fuero criminal y el correccional de Capital Federal, rechazado por el gremio de Julio Piumato.

Menos futuro parece tener la eliminación del fuero nacional penal y el traslado de los jueces federales a juzgados de narcocriminalidad o a otros de la Ciudad de Buenos Aires, que se crearían con el demorado traspaso de competencias a la órbita porteña.

Los poderosos magistrados, afamados por sus causas por corrupción, lograron el compromiso de Pichetto de no tratarlo.

La primera misión del rionegrino será definir la agenda de las leyes del arrepentido y decomiso de bienes, aprobadas en Diputados.

Cambiemos las aguarda con ansias y enviará la semana próxima a exponer a Garavano y a la ministra Patricia Bullrich, pero a los peronistas no le cierra el decomiso de bienes antes de una sentencia penal. 

En el Senado está también a la espera la ley para regular el debate presidencial, que Pérez separó de la reforma política y la envió al Senado, donde hay muchos proyectos sobre el tema. 

Como dato de color, prevé una silla vacía si algún candidata no va a debatir, como aquella que Beranardo Neustadt le dejara a Carlos Menem, antes de verlo ganar y convertirse en su amigo. 

Pero las expectativas son moderadas. El Congreso, también el segundo semestre es una incógnita.