Guillermo Dietrich aceptó finalmente firmar la resolución que da inicio al traspaso de la empresa provincial Ferrobaires a la órbita de Nación.

Fuentes del gobierno provincial confirmaron a LPO que el titular de la cartera de Transporte y el ministro de Infraestructura bonaerense, Edgardo Cenzón, rubricaron el convenio que crea la Unidad Operativa de Traspaso (UOT), un ente que tendrá un plazo de 180 días para diseñar el plan de traspaso de la empresa a manos del Estado Nacional.

El texto será publicado esta misma semana en el Boletín Oficial y, una vez oficializado, ambas partes comenzarán a trabajar en el traspaso, en particular en temas sensibles como recorridos, el material rodante y el destino de los 2.700 trabajadores.

En el gobierno de Vidal no ocultan su satisfacción por el convenio. Y explican que más allá de los meses que lleve el traspaso definitivo, a partir de ahora las responsabilidades serán compartidas.

La relación entre Dietrich y el gobierno de Vidal había quedado resentida tras el choque entre dos formaciones ocurrido a fines de junio. 

La relación entre Dietrich y el gobierno de Vidal había quedado resentida tras el choque entre dos formaciones ocurrido a fines de junio. Es que durante siete meses el gobierno bonaerense intentó avanzar con la transferencia de la empresa, pero desde Transporte pusieron trabas y dilataron toda posibilidad rubricar el convenio.

Ese accidente -que no registró víctimas fatales- encendió las alertas en la Rosada y se encontró celeridad a un proceso que el propio Dietrich demoraba.

La empresa de ferrocarriles es inviable desde hace años viene generando fuertes dolores de cabeza a los últimos gobernadores. Allí conviven resabios del duhaldismo y barras de la hinchada de Banfield controladas por Alberto Trezza, un hombre que supo ser de máxima confianza de Duhalde.

Esa estructura de poder controla la empresa desde 1993, cuando el hombre de Lomas (entonces en la gobernación) crea la empresa y designa a Trezza como presidente del nuevo organismo.

Aunque hoy permanece alejado, esa estructura permanece prácticamente inalterada y los gobiernos de Carlos Ruckauf, Felipe Sola y Daniel Scioli sucumbieron a los intentos de lograr cambios.

Pero Vidal llegó con una decisión tomada. A días de asumir ordenó que ninguna formación superara los 40 kilómetros por hora de velocidad. Según explican, con eso se aseguraban que en caso de ocurrir un accidente no hubiera víctimas fatales.

El accidente llegó en junio y a las pocas horas la Gobernadora ordenó suspender todos los servicios de la empresa.

Para tomar la decisión, el gobierno se basó en dos informes. Uno elaborado por la Auditoría General de la Nación (AGN) y otro redactado por la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT).

El primero deja a las claras la situación de la empresa. El trabajo destaca que la mayoría de las unidades acumulan reparaciones no realizadas equivalentes a 83.040.000 kilómetros de exceso.

Además, sostiene que el mal estado de las vías de la empresa fueron la principal causa de los descarrilamientos en el período auditado. La mayoría de estos accidentes ocurrieron en el ramal Lobos-Bolívar.

En tanto, el texto de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) destaca que "el material rodante presenta un estado de mantenimiento deficiente respecto de las pautas establecidas en tiempos de Ferrocarriles Argentinos lo que refleja una baja confiabilidad, fallas que perjudican el confort de los pasajeros, indicios de inconvenientes que pueden llegar a comprometer cuestiones de seguridad en la medida que no se les realice un esmerado seguimiento".