Pasadas las vacaciones de invierno, la Cámara de Diputados comenzará a tratar un proyecto de ley para supervisar el impacto de las frecuencias radioeléctricas emitidas por las antenas de telefonía celular.

Presentado por Marcelo Wechsler, diputado del PRO, apunta a intervenir en los conflictos por supuestas secuelas cancerígenas ocasionadas por la radiación de las antenas, una denuncia recurrente de los vecinos.

Suelen basarse en estadísticas de enfermos de cáncer en las inmediaciones a las antenas, no siempre con datos rigurosos, pero suficientes para que los intendentes echen a las telefónicas ante el mínimo riesgo de puebladas.

El Gobierno queda en el peor de los mundos: los usuarios protestan por la fallas en el servicio de telefonía móvil, las empresas se excusan en la imposibilidad de agregar antenas y los intendentes reclaman controles serios para no seguirle la corriente a sus votantes.

El proyecto de Wechsler, coordinado con el ministro de Ambiente Sergio Bergman, propone que el Poder Ejecutivo adopte “las normas y estándares” de las emisiones de “estaciones y sistemas radioeléctricos”.

Y obliga a las telefónicas a instalar equipos de “monitoreo continuo de campos electromagnéticos que cumplan con la recomendación UIT–T-K83, que garantizan “el monitoreo continuo de sus estaciones radioeléctricas”.

O sea, con la tecnología exigida por Wechsler, las telefónicas deberán comprobar minuto a minuto que sus antenas no exceden las radiaciones y arriesgan la vida de las familias linderas.

Para que no queden dudas, el proyecto prevé que las mediciones de este sistema deberían estar “a disposición de la ciudadanía en tiempo real, a través de una página web en Internet y a través de sitios web de la Autoridad de Aplicación y de cada municipio”. De esta manera, ya nadie podría denunciar y/o defenderse sin datos fehacientes.

A cambio de estos servicios, los municipios ya no podrán prohibir antenas con ordenanzas municipales, un aspecto del proyecto que seguramente será objetado por los legisladores, siempre celosos de las autonomías provinciales.

Los ejecutivos de las compañías acostumbran a exhibirse como víctimas de denuncian infundados de los vecinos y proponen saldar las dudas con visitas a cada antena.

El más vehemente es Eduardo Bonal, de Telefónica Argentina, quien cada vez que pisa el Congreso invita a periodistas, legisladores y usuarios a darse un paseo por sus torres de control. Pero nunca habló de someterse a un control en tiempo real, como ahora propondrán los diputados de Cambiemos.

El proyecto plantea transferir la tarea al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Bergman, donde crearían un “Sistema nacional de monitoreo de las radiaciones no ionizantes (Sinam)”.

Sólo tuvo la firma de diputados de Cambiemos, pero difícilmente la oposición pueda hacerse la distraída. En el Congreso, hace años que no hay quien defienda a las telefónicas.