La pelea por el tarifazo de gas está lejos de resolverse. Después de la decisión de la Corte Suprema y de que el Ministerio de Energía publicara hoy una nueva resolución con el tope de aumento del 400 por ciento, los organizaciones que presentaron el amparo ante la justicia bonaerense aseguran que la suspensión de la suba del gas en todo el país sigue vigente.

Esto se contradice con la posición del Gobierno y sus abogados. Desde la cartera que conduce Juan José Aranguren indicaron a LPO que la sola presentación del recurso extraordinario ante la Cámara Federal de La Plata tiene efectos suspensivos, en base a la jurisprudencia de la Corte. Eso se hizo ayer y -según entienden en Energía- habilitó a que hoy se publique en el Boletín Oficial la nueva resolución.

En cambio, Pedro Sisti, el abogado el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cespi) que presentó el amparo que frenó los aumentos, dijo a este medio que la suspensión sigue vigente y agregó que el Gobierno está incumpliendo un fallo judicial.

Sisti concedió que en casi todos los procesos la mera interposición del recurso extraordinario tiene efectos suspensivos, pero afirmó que al tratarse de un amparo no hay suspensión del fallo hasta que la Cámara resuelva si concede la apelación con efecto suspensivo, devolutivo o si directamente la rechaza (ante lo que el Gobierno podría presentar un recurso de queja a la Corte). "El gobierno quiere usar la doctrina general, pero para nosotros la presentación del recurso en el caso de un amparo no suspende", señaló el abogado.

Lo que hasta ahora hizo la Cámara platense es aceptar el recurso del Gobierno y darle traslado a la contraparte, el Cespi, que ahora tiene diez días hábiles para presentar sus argumentos. Ese plazo es el que la Cámara tiene para definir si concede el recurso suspensivo. Mientras tanto, una parte sostiene que el fallo esta vigente y la otra que no.

El problema para el Gobierno es que ese plazo de diez días hábiles puede interrumpirse por la feria judicial y recién retomarse en agosto, con lo que el tema se dilataría. Desde en Energía dijeron que eso no es inconveniente porque sostienen que ya está suspendido el fallo y por lo tanto no pedirán a la Cámara que aclare la situación.

A favor de la posición del Cespi, Sisti explicó a LPO que ayer presentaron un nuevo pedido de cautelar ante la Cámara para que el Gobierno no pueda aplicar la resolución con el tope del 400%, y el tribunal lo rechazó porque sigue vigente el fallo anterior, es decir la suspensión.

Sisti indicó también que la resolución publicada hoy es nula ya que modifica la resolución anterior que la Justicia anuló. "La resolución habla de regular el cuadro tarifario anterior y es el que se anuló. Por carácter transitivo es nula, porque las originales lo son", señaló el abogado. "Jurídicamente es una barbaridad, está todo atado a las resoluciones anuladas", completó. 

"Rige el fallo de la Cámara"

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez se refirió hoy a la decisión de la Corte Suprema y sostuvo que en su parecer la suspensión del tarifazo está vigente, con lo que el cuadro tarifario publicado hoy no tiene validez.

"Al día de la fecha el aumento ha sido anulado por el fallo de la Cámara Federal de La Plata que lo dictó con carácter erga omnes, esto es para todo el país. Con lo cual hoy no rige el aumento tarifario", explicó Gil Domínguez. "La Corte lo que hizo fue dilatar el fallo a través de un pedido de informes y medidas, y lo que rige hoy jurídicamente es el fallo de la Cámara Federal de la Plata, que justamente se centró en la falta de audiencia pública", agregó.

Este es el punto clave para el constitucionalista. "La audiencia pública es un elemento de validez formal inexcusable", afirmó en diálogo con FM Milenium. "El Gobierno arranca desde un lugar que es indefendible e insostenible" al no cumplir con el requisito de la realización de la audiencia, continuó. 

"La Corte lo que hizo fue una suerte de empate técnico. Por un lado, resguardó el derecho porque no se expidió sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del aumento, y a su vez lo que hizo fue disponer una serie de medidas desde lo jurídico que marcan en algún punto lo que podría ser un fallo. Y por otro lado, a un gobierno nuevo le dio un plafón de tiempo razonable y no le quiso propinar una derrota política", analizó Gil Domínguez.

"La Corte ha fijado una postura jurídica clara: si no le contestan y justifican por qué las tarifas han aumentado como aumentaron, seguramente va a declarar la inconstitucionalidad de la suba. Está dando un tiempo para que el Gobierno reaccione y recalcule los parámetros que va a utilizar", completó el abogado.

Uno de los puntos que el máximo tribunal exigió al Gobierno es justamente que argumente por qué se establece un tope del 400% y el impacto que podría tener. Se desprende que hasta que no lo justifique no lo podría implementar, aunque Aranguren avanzó igual.