Los empresarios del autotransporte urbano de pasajeros no quieren quedar pegados al polémico negocio de compra de 400 ómnibus eléctricos que impulsa el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman y que le costará al Estado un desembolso del orden de los 3.000 millones de pesos.

Tras confirmar que tanto la cartera de Transporte de Guillermo Dietrich, como el ministerio de Energía, Juan José Aranguren no alientan, ni participan de la movida; los dueños de las líneas de colectivos de la región metropolitana salieron a abrir el paraguas con un pedido de reunión urgente al rabino Bergman para que aclare cuáles son los motivos y qué busca el Gobierno con esta sorpresiva adquisición de unidades eléctricas.

Los directivos de las cuatro entidades representativas de las empresas que de corta y media distancia (CEAP, CETUBA, ACTA y la Cámara de Transporte de la provincia de Buenos Aires) quieren que el rabino explique públicamente por qué el Estado sale a comprar colectivos para un servicio que el Estado no opera y que está íntegramente en manos de compañías privadas.

Además, quieren saber bajo qué condiciones y con qué criterios el Gobierno prevé cederles las unidades eléctricas y cómo se cubrirán los mayores gastos de explotación que demandarán la operación y mantenimiento de los nuevos colectivos.

Hasta ahora, lo único que informaron desde la cartera de Bergman es que los ómnibus eléctricos se van a entregar en “comodato” a las líneas que utilizan las redes del Metrobus y a las empresas urbanas que circulan por “carriles rápidos y exclusivos”.

Más allá de los interrogantes operativos y técnicos, a los empresarios les genera mucho ruido el hecho de que la jugada de Bergman no cuenta con el apoyo, ni el acompañamiento visible de los otros dos ministerios clave de Transporte y Energía que deben intervenir necesariamente en el tema.

Los colaboradores de Aranguren se mostraron más que sorprendidos con la iniciativa del rabino. No sólo no estaba en los planes del área energética, sino que además le plantea un inesperado problema de mayor demanda al sistema eléctrico de la región metropolitana que se encuentra en estado crítico por la falta de inversiones registrada en los últimos años.

En el caso de la cartera de Dietrich, el plan de acción de mediano plazo trazado para autotransporte de pasajeros no incluye la inserción de los colectivos eléctricos. En materia tecnológica las líneas de trabajo fijadas para los próximos años apuntan a la incorporación de los últimos avances de la motorización diésel, al cumplimiento de las normas internacionales para bajar las emisiones contaminantes y a un gradual aumento del uso de biocombustibles.

Además de haberse enterado por los medios de la compra de los colectivos eléctricos, a los funcionarios de Transporte y Energía no les cayó nada bien las atribuciones que se otorgó Bergman por su cuenta en la redacción del pliego de bases y condiciones de la licitación.

Según consigna el pliego licitatorio, la adquisición de los vehículos forma parte del “Programa de Transporte Limpio” que articulará el ministerio del rabino con distintas autoridades de la administración pública.

La idea de Bergman es constituir una “comisión interdisciplinaria” conformada por ministerios de Ambiente, Transporte, Producción y Energía “para la definición del marco habilitante y la modalidad de implementación del programa” que será manejado desde su cartera, la cual también se reservó la facultad de establecer “el diseño exterior y los colores” que se usarán para pintar los colectivos eléctricos.

Según el pliego licitatorio, los vehículos deberán tener, entre otras, las siguientes características técnicas: ser de piso bajo, 100% eléctricos, con 12 metros de largo, tres puertas laterales de accesos y equipo de aire acondicionado incorporado. A su vez deberán estar propulsadas con baterías que permitan una autonomía de entre 200 y 250 kilómetros, cuya carga completa se deberá lograr en un tiempo no mayor a cinco horas. En tanto, la vida útil mínima de las unidades debe llegar a los 12 años o a un recorrido de 1.000.000 de kilómetros.

La empresa que salga adjudicataria deberá presentar en un plazo no mayor a un año un proyecto de factibilidad para radicarse en el país y poder fabricar parte de las unidades localmente. La mitad de los 400 colectivos que integran el paquete de compra tendrán que ser entregados en el plazo de un año. Para la provisión de la otra mitad, el plazo será de dos años.

Al no existir fábricas locales en condiciones de producir colectivos eléctricos, el negocio en juego va camino a quedarse en manos de proveedores extranjeros.

Según el sitio especializado Autoblog—que anticipó la movida licitatoria de Bergman—uno de los posibles beneficiarios sería la firma Bravo Motor Company, fundada por el arquitecto local, Miguel Angel Bravo, quien después de no haber logrado que su empresa sea reconocida como terminal automotriz en Argentina, se radicó en California para abastecer los pedidos de ciudades estadounidenses y de otros países vecinos.

En tanto, tras analizar detenidamente las bases y condiciones del llamado a licitación, algunos empresarios del sector encontraron una “llamativa” coincidencia entre las principales exigencias técnicas del pliego y las características y prestaciones que tiene el modelo eléctrico K9 que fabrica la compañía china BYD.