Santa Fe
Lifschitz anuló la concesión de la autopista Rosario-Santa Fe por los graves incumplimientos
En la oposición temen que sea una maniobra para salvar a las empresas de las deudas que arrastran.

El gobernador socialista de Santa Fe, Miguel Lifschitz, decidió concluir de forma anticipada la concesión de la Autopista que une Rosario con Santa Fe y que se encuentra en estado deplorable sin señalización y con la carpeta asfáltica destruida, pese a ser una de las arterias más importantes de la provincia.

Según el contrato de adjudicación, la UTE denominada ARSSA S.A., conformada por Milicic, Obring, Vial Agro, Laromet, Rovial y Pecam, debía haber repavimentado los 157 kilómetros que conforman la traza en los primeros cinco años, de los diez que dura el convenio.

Sin embargo, "se repavimentó un tercio del total" afirmó el ministro de Infraestructura, José Garibay en diálogo con LPO.

La empresa concesionaria debió repavimentar en los primeros cinco años de concesión, los 157 kilómetros de la autopista que une Rosario con Santa Fe y sólo lo hizo en un tercio de la traza.

"En los primeros cinco años la empresa tendría que haber completado la repavimentación de la traza pero por diferentes situaciones financieras, solo concretó el treinta por ciento. Por ello, hemos solicitado al Ministerio de Transporte que realice una auditoria técnica y a la Universidad del Litoral otra administrativa para determinar si hubo incumplimientos de parte de la empresa" explicó Garibay.

Desde la oposición temen que tras el anuncio se esconda el salvataje a las empresas que habrían incumplido las obras que estaban obligadas a hacer: "No quiero que con la plata de Juan Pueblo tapen el déficit de las empresas" advirtió el ex intendente de Rosario y actual diputado provincial Héctor Cavallero consultado por LPO.

Según el diputado, que preside la Comisión de Obras Públicas, "hay un incumplimiento manifiesto y evidente de las cláusulas porque la autopista está hecha bolsa, llena de baches y hundimientos que pone en peligro la vida de quienes la transitan".

A su vez, Cavallero recordó que hace dos meses se le solicitó al Tribunal de Cuentas que realice una auditoria para verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales.

"Queremos saber si se abonaron certificados de obras, si la provincia impuso alguna multa y si existen los fondos de garantía que exige cualquier obra pública", se preguntó Cavallero.

Es que en la oposición recuerdan que las empresas que intervinieron en la UTE que en el 2011 se hizo cargo de la concesión, son las principales proveedoras de la obra pública desde que el socialismo gobierna en la provincia y algunas de ellas desde las primeras gestiones de Hermes Binner en Rosario.

Salida acordada o rescisión

Según confirmó a este portal el ministro de Infraestructura, José Garibay, desde la provincia se actuará con cautela y se buscará un acuerdo de partes para evitar futuros litigios que puedan perjudicar a Santa Fe.

El ministro de Infraestructura de Santa Fe, José Garibay.

"Tenemos que ser muy prudentes, analizar muy bien todas las cláusulas y llegar a un arreglo para que no se perjudiquen los intereses de los santafesinos", indicó el titular de la cartera en respuesta a la demanda de la oposición que pide al gobierno mayor rigor por los incumplimientos.

"Es por ello que hemos solicitados las dos auditorias, una técnica al Ministerio de Transporte y otra administrativa que realizará la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral", señaló el ministro y agregó que "según los resultados, se podrá conocer los motivos de los incumplimientos o aplicar el Fondo de Garantía si fuese oportuno".

La autopista Rosario-Santa Fe es la única autovía que no contó con subsidios nacionales y su repavimentación costaría unos 1.500 millones de pesos.

Las empresas todavía no respondieron públicamente al anuncio, pero venían advirtiendo que consideraban que el precio del peaje era insuficiente para afrontar la repavimentación total de la calzada, que según la provincia rondaría los 1.500 millones de pesos.

A su vez, en el socialismo insisten en que es la única autovía que no contó nunca con subsidios nacionales, por lo tanto, los usuarios y el Estado provincial debieron hacer frente al mantenimiento y obras necesarias.

Lo curioso es que el año pasado, durante la campaña electoral, el socialismo anunció con bombos y platillos la firma de un nuevo convenio por la construcción de un tercer carril, obra que iba a llevar a cabo la misma UTE que no pudo repavimentar los carriles existentes.

"Todavía están los carteles en las cabeceras de la ampliación del tercer carril, fue una mentira", se quejó un dirigente de la oposición. 

Descartan una reestatización

Consultado por LPO sobre una eventual reestatización del servicio, el ministro Garivay lo descartó de plano.

La autopista fue privatizada en los 90 durante la gobernación de Carlos Reutemann a la empresa AUFE SA, que en su entonces también había acumulado críticas por incumplimientos en las obras y mal mantenimiento.

"No consideramos conveniente que el Estado se haga cargo. Lo que si se va a modificar es la exigencia al privado del trabajo de repavimentación", afirmó el ministro y explicó que ahora, el gobierno de Santa Fe llevará adelante la repavimentación total de la autopista y a los nuevos concesionarios se le exigirá el mantenimiento, señalización y servicio de auxilio.

Por otra parte, Garibay consideró que las empresas que constituían la UTE actual, podrían volver a presentarse, salvo que se comprueben irregularidades: "Son empresas muy serias que realizaron importantes obras en nuestra provincia, no son improvisados ni oportunistas, así que no vemos que haya impedimentos para que se comprometan con una nueva licitación"

Desde la oposición cuestionaron que los mismos nombres puedan volver a administrar el peaje. "Le vamos a exigir al gobernador que analice en profundidad la situación y que vea la posibilidad de que las empresas que incumplieron con la concesión se las aparte como proveedoras de la provincia", advirtió Cavallero.


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