Mauricio Macri volvió a la carga para desplazar a la procuradora Alejandra Gils Carbó y no parece dispuesto relajarse: empuja en el Congreso el proyecto para restringir su mandato y, por si sigue congelado, Elisa Carrió presentó un pedido de juicio político en su contra.

“Cuenta con varias denuncias penales por haber entorpecido investigaciones judiciales que afectaban los intereses del anterior Gobierno nacional”, reza el proyecto de Lilita y también la acusa de haber designado fiscales “ilegalmente”.

La embestida de Lilita es oportuna. Esta tarde Sergio Massa frenó la idea de tratar el jueves en Diputados, el proyecto para reformar el Ministerio Público, que fija un mandato de 4 años para la procuradora y le licúa el poder creando cuatro sub procuradores, con el mismo mandato.

Macri quiere que se trate este mismo jueves el proyecto para licuar de poder la procuración, pero Massa lo frenó porque quiere conformar primero la bicameral de control.

Cambiemos pensaba dictaminar mañana y ya tenía un acuerdo previo con el bloque justicialista de Diego Bossio y los senadores del FpV-PJ, pero Massa quiso esperar. 

Querría que en la Cámara alta avalen la conformación de la bicameral de control de la Procuración, autorizada en Diputados y donde el tigrense quiere ubicar a varios de los suyos. 

El Frente Renovador y el Bloque Justicialista venían trabajando en limar las funciones de los subprocuradores, que en los hechos serán fiscales del procurador de turno.

El oficialismo está dispuesto a revisarlas y en tal caso darle más atribuciones a un Consejo General del Ministerio Público, que el procurador compartirá con sus 4 subalternos, dos fiscales generales y 2 fiscales.

Según el proyecto, el Consejo podrá sesionar una vez al mes sólo con la convocatoria de 3 de sus miembros.

Para acorralar más a Gils Carbó, el texto redactado por Germán Garavano crea 6 procuradurías especializadas, cuyos titulares tendrán mandato indefinido.

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

DyN

A la oposición no le cierra dejar tan condicionado al jefe de los fiscales y Cambiemos aceptará todos los retoques con una salvedad: que la ley se aplique retroactiva a la actual procuradora, que asumió en 2012, o sea, su mandato vencería ni bien se sancione.

En caso de elevar a 5 años su mandato, como piden algunos sectores de la oposición, Gils Carbó debería irse en seis meses. “Podemos negociar todo, menos los plazos”, aclararon a LPO fuentes de Cambiemos.

Claro que nadie descarta que quien fuera protegida de Carlos Zannini no acepte el principio de retroactividad por haber asumido con la ley actual y busque amparo en algún tribunal para seguir varios años más.

Para frenarle esa estrategia y para acorralar a Massa, Macri tiene a Carrió. Con su pedido de juicio polític obligará a la procuradora a pelear por su mandato en la justicia y por su conducta en el Congreso, donde hacen falta dos tercios para destituirla, un número que en Diputados no parece improbable ante el desmembramiento del kirchnerismo.

Su otra salida es renunciar, como hicieron Alejandro Vanoli en el Banco Central y José Sbatella en la UIF, entre otros. Gils Carbó no quiso, según Garavano, porque aún es joven. Tal vez deba repensarlo.