Los principales gremios estatales bonaerenses volvieron a acudir a la Justicia para pedir por la inconstitucionalidad del decreto 618/16 firmado por María Eugenia Vidal que congela los pases a planta por un año en la administración pública. Al tiempo, ultiman detalles para un paro y una jornada de protesta para el 12 de julio.

En la presentación los gremios reiteraron el pedido de inconstitucionalidad de la Ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica (14.815), su decreto reglamentario (592/16), y aseguraron que las normas “resultan un avasallamiento de los derechos de los trabajadores”.

“La Emergencia y congelación de vacantes, teniendo en cuenta los derechos que se vulneran con las mismas, no se encuentra debidamente fundamentada, ostentando por tanto falta de razonabilidad de la mentada ley y decretos pertinentes”, sostiene el texto, que lleva la firma de dirigentes gremiales de ATE Provincia, la AJB, Cicop, Udocba, Soeme, y la Federación Nacional Docente.

En la denuncia aseguran que existe una “cabal intención de precarizar las relaciones laborales hoy existentes, dando de baja las mismas y volviendo a contratar a idénticos con sujetos con normativa más pobre en derechos”.

Desde ATE aseguran que el congelamiento decretado por Vidal paraliza los expedientes iniciados desde hace años de pase a planta permanente de más de 15 mil trabajadores temporarios de la provincia.

“El decreto cierra el círculo de andamiaje jurídico que sostiene el ajuste. El decreto 230, la emergencia y luego la ley de Modernización del Estado, son todas etapas de una política de ajuste”, dijo a LPO el secretario general adjunto de ATE, Carlos Díaz.

Desde ese gremio destacan que el decreto pone el riesgo la fuente laboral de 15 mil trabajadores temporarios. Díaz asegura que “entre el 30 de junio y el 30 de agosto hay un universo de trabajadores de estos 15 mil a los que se les vence el contrato y no sabemos qué va a ocurrir con ellos, porque el Gobierno decreta el congelamiento de las vacantes pero no ha resuelto la situación laboral de estos trabajadores”.

El decreto de Vidal fue publicado en el Boletín Oficial la semana pasada. Allí, el gobierno argumenta que la medida tiene por objetivo “superar las insuficiencias de recursos económicos y financieros tendientes a sanear el déficit fiscal”.

“La sensible merma evidenciada en los ingresos públicos hace necesario adoptar decisiones que propendan al equilibrio financiero del sector público durante el corriente ejercicio, preservando siempre los servicios esenciales”, se aclaró en la norma.

El decreto establece “suspender por el plazo de un año a partir de la fecha de la publicación del presente las designaciones de personal de planta permanente y de la planta transitoria prevista en los artículos 15 inciso d) y 111 inciso d) de la Ley N° 10.430 de todas las jurisdicciones y organismos de la Administración Pública centralizada y descentralizada, cualquiera sea su régimen estatutario y el agrupamiento ocupacional, congelándose todas las vacantes existentes o que se produzcan en igual lapso”.