La diputada nacional del PRO, Gladys González, fue confirmada como única interventora del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), luego de que el juez federal, Rodolfo Canicoba Corral, decidiera separar de sus cargos a Santiago Viola y a Jorge Alonso.

“Se inicia una etapa de mayor celeridad. Podremos avanzar sin obstáculos en el ordenamiento administrativo y en el llamando a elecciones democráticas. Vamos a devolverle el gremio a los trabajadores, terminando con la mafia que se enriqueció a costa de sus afiliados", aseguró la legisladora.

El fallo de Canicoba Corral establece el relevo de Santiago Viola y de Jorge Alonso en el cargo de interventores y fija la continuidad de González.

Sectores que resisten en el gremio y que responden a Omar "Caballo" Suárez habían presentado una denuncia contra González en la que la acusaban de cobrar dos sueldos, uno del Congreso como diputada y otro del SOMU de 59 mil pesos. Además, la denuncia la atacaba por destinar 90 mil pesos mensuales de la organización a sus asesores de comunicación.

“He tenido muchos compañeros gremialistas diputados en el Congreso de la Nación y siempre siguieron desempeñándose como secretarios generales de sus sindicatos”, había respondido la diputada macrista a la prensa.

Suárez enfrenta una delicada situación por las denuncias de malversación de fondos del sindicato y extorsión empresas del sector; pero sobre todo porque el presidente Macri quiere que lo metan preso, como un gesto disciplinador para el resto del sindicalismo peronista.

González acusó a “Caballo” Suárez de cobrar, a través de la empresa San Jorge Marítima, servicios de tripulación que nunca se llegaron a prestar.

Directivos del SOMU, desplazados por la conducción de Suárez, presentaron el año pasado dos pedidos de intervención y la separación del cargo del secretario general del sindicato, por diferentes delitos y por adelantar un año las elecciones para asegurarse un nuevo mandato, situación que obligó al Ministerio de Trabajo a anular la convocatoria, aunque Suárez avanzó igual.

El sindicato tiene 13 mil afiliados y maneja fondos por 220 millones de pesos anuales. Los interventores y los peritos que lo investigan sospechan que Suárez trabajaba en combinación con Cristóbal López y el ex superministro Julio De Vido.