El fiscal Alvaro Garganta requirió al Tribunal de Cuentas bonaerense el envío de documentación vinculada con la denuncia que Elisa Carrió presentara en la Justicia de La Plata contra el ex gobernador Daniel Scioli.

Garganta dijo a LPO que se solicitaron expedientes al Tribunal de Cuentas y a Ioma, la obra social del Estado bonaerense. Pero además se pidió información referida a sociedades comerciales de Guillermo Scarcella, un hombre de extrema confianza de Scioli y del juez Rodolfo Canicoba Corral, que operaba desde la presidencia de Aguas Bonaerenses (Absa).

De hecho, Scioli había dejado trascender que si ganaba la presidencia, Canicoba Corral podía ocupar la Agencia Federal de Inteligencia (ex Side).

“La idea es darle celeridad a la causa por el honor de las personas involucradas”, dijo el fiscal y agregó que la investigación no puede demorar mucho tiempo.

El fiscal Garganta puso la mira en Guillermo Scarcella, -intimo de Scioli, ex presidente de Aguas Bonaerenses y muy cercano al juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

En el caso del pedido al Tribunal de Cuentas trascendió que se reclamó el envío de expedientes vinculados a pagos “extrapresupuestarios” ejecutados por la Jefatura de Gabinete durante los años 2014 y 2015.

De esta forma, comenzó a moverse la causa promovida por Carrió contra el ex candidato presidencial del Frente para la Victoria por lavado de activos a partir de "distintos delitos contra la administración pública".

La denuncia, firmada por la propia Carrió a través de "información anónima", había sido presentada en la UFI 11 a cargo del fiscal Garganta. En el texto, la diputada puso el foco en funcionarios de la anterior administración como Scarcella.

El ex presidente de Aguas Bonaerenses, Guillermo Scarcella.

Carrió advirtió en su presentación sobre hechos que dan cuenta de "un gran desmanejo de los recursos públicos de la provincia", a través de maniobras con "cajas negras" del Estado que "no solo habrían engrosado ilegalmente el patrimonio de los denunciados, sino que el fruto del dinero obtenido podría haber sido ocultado a través de maniobras de conversión, transferencia o disimulación de bienes provenientes de ilícitos penales".

Según trascendió, el fiscal Garganta pidió al Tribunal de Cuentas varias rendiciones de gastos correspondientes a 2015 por 45.696 pesos; 190.000 pesos; 230.000 pesos; 49.100 pesos; 321 mil pesos; 400 mil pesos; dos por 700 mil pesos y otras dos por 900 mil pesos, entre otros requerimientos.

En el caso de pagos efectuados en 2014, Garganta reclama expedientes por 700 mil pesos; 500 mil pesos; 600 mil pesos y otros dos por 1.400.000 pesos, entre otros. Sólo en el caso de la Jefatura de Gabinete, el fiscal puso la lupa sobre erogaciones superiores a los 8 millones de pesos.

En la denuncia, Carrió afirma que los fraudes al Estado bonaerense se cometieron “a través de distintas ‘cajas’ de la administración, y sobre estos delitos que el gobernador podría haber sido autor, participe o encubridor”.

La diputada agregó que "esta estructura ilícita de vaciamiento se realizó a través de diferentes reparticiones, especialmente concentradas por medio de la Jefatura de Gabinete de Buenos Aires, a cargo de Alberto Pérez".

Sin embargo, allegados al ex jefe de Gabinete aclararon que en la propia denuncia la diputada reconoce que no tiene pruebas de sus acusaciones contra Pérez.

En la denuncia, Carrió pide además investigar la administración de Aguas Bonaerenses (a cargo de Scarcella) y Lotería y Casinos para analizar "la posible adulteración de los sistemas online de las máquinas de los bingos para registrar porcentajes menores a los juegos realizados", entre otros puntos.

Además, pidió investigar "la expropiación cooperativa Wasserman", para determinar si el Estado provincial "pagó varias veces más el monto del verdadero precio de la fábrica"; otros "casos de corrupción e irregularidades en la construcción del Puerto La Plata y la posible contratación fraudulenta de personal en él que nunca trabajó".