Además de proteger a Julio De Vido, los diputados kirchneristas rechazarán en la sesión de mañana un proyecto que permite al Estado apropiarse de bienes originados en delitos, que tuvo dictamen esta tarde con aval de Cambiemos y el Frente Renovador.

Como adelantó LPO, el proyecto tomó como base uno presentado por Graciela Camaño, jefa del Frente Renovador, y no hubo consultas al resto de los bloques, cuyos diputados leyeron la última versión en la Comisión.

“Es una nueva herramienta para combatir la corrupción, contrabando, lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas, terrorismo y también infracciones y evasiones, actos simulados, competencia desleal y formación de monopolios”, lo presentó Camaño, en la reunión de la Comisión de Legislación General, presidida por el macrista Daniel Lipovetzky.

El proyecto crea un organismo nacional para recuperar los bienes “que van a ser utilizados para fortalecer los sistemas de salud, educación, trabajo y vivienda”, celebró.

O sea, ya no habrá que esperar el decomiso dictado por un juez penal sino que el propio Estado podrá hacerse de los bienes originarios de la delitos, vía justicia civil.

El modelo tomó referencias de otros similares promovidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y ya usados por países como México y Colombia.   "Esto no es inconstitucional, porque se crea una figura nueva", se atajó Camaño. 

En el kirchnerismo no pensaban igual. “Es un gravísimo error este proyecto, porque es de absoluta inconstitucionalidad”, afirmó Luis Cigogna, uno de los juristas más respetados en el FpV-PJ.

“No puede haber un decomiso de bienes sin sentencia penal condenatoria. ¿Qué pasa luego si un juez dice que no? ¡Habrá un juicio al Estado!”, se alarmó.

Y anunció que su bloque presentaría un dictamen propio donde el embargo sólo será posible con sentencia del juez. O sea, los ocho millones y medio de dólares del ex secretario de Obras Públicas José López no volverían al Estado hasta que un juez no defina si realmente fueron robados.

El resto de la oposición se molestó por el apuro de la sesión. “¿Para qué la quieren tratar mañana? Muchos criticaban el tratamiento apurado del kirchnerismo y ahora hacen lo mismo”, protestó Margarita Stolbizer. 

Aunque anunció que votaría a favor, advirtió sobre una posible caja negra. "No queremos un negocio nuevo, ni crear nuevos organismos. Queremos que el beneficiario sean las víctimas", planteó. 

Alertó sobre posibles reclamos de los gobernadores, "porque la ley avanza sobre cuestiones procesales, que son potestad de las provincias". 

Se supo que el bloque justicialista no participó de la negociación cuando, apunte en mano, Diego Bossio pidió que se tipificaran los delitos a los que cabría el embargo y Néstor Pitrola, del Partido Obrero, le avisó que eso ya estaba en el nuevo borrador.

El ex Anses coincidió en que el embargo debe ser con "el proceso avanzado” porque sino la imputación es "demasiado frágil". Y contó que en Colombia este esquema se habían convertido en un nuevo negocio del Estado. 

Curioso fue que el radical pampeano Francisco Torroba también se quejara del apuro y exigiera, como Bossio, la tipificación de delitos que Camaño y Lipovetzky habían escrito antes de empezar la sesión.

El proyecto se aprobará mañana y la presión recaerá en los senadores peronistas, artífices de la mayoría de esa cámara y en negociación permanente con la Casa Rosada.