Juan José Aranguren asistió al Senado a explicar sus tarifazos de luz y gas, tras rechazar varias invitaciones a la Cámara de Diputados por temor a los escarches y a que los legisladores de Cambiemos no lo defiendan.

Asustado, el ministro de Energía aceptó a ir a un plenario de la Comisión de Energía del Senado, presidida por el sindicalista petrolero Guillermo Pereyra: y la de Legislación General, liderada por el radical Luis Naidenoff, cuya misión era evitar disturbios.

Tanto fue el celo de la reunión que no dejaron entrar a los diputados de la oposición interesados en la evolución de las tarifas, como la massista Liliana Schwindt, presidenta de la Comisión de Defensa de la Competencia y del Consumidor, donde el ministro no quiere ir.

Aranguren no logró contentar a los senadores de la oposición, sobre todo cuando tras justificar el tarifazo admitió no haber tenido información suficiente para proteger a los sectores más vulnerables. “Estamos aprendiendo sobre la marcha”, confesó.

Antes había negado que la intención haya sido reducir el déficit con las subas de luz y gas. “Se pensó para proteger a los usuarios de menor poder adquisitivo. Es lo que nos permite aplicar gradualismo en el ajuste tarifario y alcanzar el objetivo de que haya más energía. 

Nos parece más razonable subsidiar a la demanda que subsidiar a la oferta, como se hizo en los últimos doce años”.

"Entre el 13 y el 14 por ciento de la energía es importada; hubo una caída en la calidad del servicio por no reconocer los costos del servicio. Si manteníamos el plan energético anterior, nos íbamos a quedar sin energía muy pronto”, describió.

Anunció una “política activa” para proteger a “aquellos sectores que menos tienen y que merecen una tarifa especial. Estamos trabajando junto al Ministerio de Desarrollo Social para identificar poblaciones de riesgo”, dijo sin ruborizarse.

“La tarifa social está lejos de llegar a los sectores que los necesitan”, le achacó Juan Manuel Abal Medina (FpV-PJ). Daniel Lovera, del peronismo pampeano, enumeró las entidades de su provincia que cerraron porque no podían pagar la luz.

“Al bolsillo golpeado por una inflación anualizada del 40 por ciento le llega este tarifazo. Estamos en un proceso recesivo y lo único que hace esa política tarifaria es acentuar un camino de recesión”, gritó la formoseña Graciela De la Rosa (FpV).

Más lo incomodó la misionera Sandra Giménez, que recientemente se fue del FpV. Le recordó su doble rol como accionista de Shell, que participa de las licitaciones del Gobierno; y su compra de gas a Chile a mayor precio del que Cristina Kirchner le pagaba a Bolivia por ese producto.

Aranguren ni se inmutó y defendió su gestión a cara de perro. “No hay subas en las naftas; hay un reconocimiento del costo de la materia prima que mantiene el nivel de actividad”, se defendió.

Consideró imposible abastecerse con importación energética y lanzó su frase célebre (“Con el país que heredamos, nos quedábamos sin energía”, aseguró) y regaló su frase célebre: “Estamos aprendiendo sobre la marcha”.