El Gobierno reflotó el proyecto de ley del arrepentido para casos de corrupción, luego que la policía detuviera al ex secretario de Obras Públicas kirchnerista, José López, revoleando bolsos con nueve millones de dólares en un convento.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, ratificó hoy la decisión de impulsar la ley para investigar hechos de corrupción: “Estamos terminando de definir un proyecto y se va a enviar al Congreso para ayudar a detectar casos similares", afirmó y dijo que pese a que aún “no sabemos si hay un consenso parlamentario para que se trate, lo vamos a seguir impulsando”.
Desde que Mauricio Macri asumió la presidencia, el Gobierno especuló con el envío de un proyecto de estas características, aunque en los últimos meses en Casa Rosada levantaron el pie del acelerador, en especial por la poca voluntad que notaron en el sector más dialoguista del Frente para la Victoria para avanzar con la ley en el Congreso.
Pese a ese freno, según informaron a Télam fuentes oficiales, el ministro Germán Garavano y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, revisaron en las últimas semanas el anteproyecto y le presentaron modificaciones. Ahora, con el caso López explotado, el Gobierno aprovechó para volver a la carga con el tema.
El proyecto
La ley ofrecerá una reducción de penas de entre un tercio y la mitad del total a quienes colaboren, además de castigos de entre uno y diez años de prisión a quienes brinden información falsa.
Así se consigna en el anteproyecto que tiene listo el Gobierno -al que tuvo acceso la agencia Télam-, y que fue confeccionado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en colaboración con la Oficina Anticorrupción.
"Sólo podrán celebrar acuerdos de colaboración quienes brinden información sobre autores o partícipes que ocupen una posición jerárquica superior o igual a la suya en la división de tareas llevadas a cabo para cometer el plan delictivo", remarca el borrador, para que no sean beneficiados los funcionarios de mayor alto rango en detrimento de sus subordinados.
En su artículo 2do, el anteproyecto establece como "ámbitos de colaboración" siempre que el imputado brinde "información comprobable, precisa y útil" para evitar la "ejecución, consumación o continuación de un delito investigado u otro, ayudar a esclarecer delitos investigados, revelar la identidad de autores o partícipes, permitir la recuperación de los bienes y el producto o provecho de los delitos" y revelar "la estructura jerárquica o la división de tareas para la comisión de los delitos investigados".
Según consta en el artículo 5to, el incentivo para los colaboradores que ofrecerá el Gobierno es la "reducción en un tercio del mínimo y la mitad del máximo de la pena que se trate, el cumplimiento condicional de la pena, excepcionalmente la eximición de pena".
El acuerdo se lo reglamentará "por escrito" y deberá precisar desde el grado de participación que se le atribuye al colaborador, la aceptación expresa del colaborador de los hechos atribuidos y el tipo de información a proporcionar por el imputado, además del beneficio concreto que recibirá por su ayuda.
En el artículo 22 se especifica que quien formule "deliberadamente señalamientos falsos será reprimido con una pena de uno a diez años de prisión".
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El kirchnerismo quiere limitar la ley de arrepentido
