La interventora del SOMU, Gladys González, salió a responder la denuncia por incompatibilidad que presentó un dirigente del sindicato de marineros en el juzgado federal de Corrientes, que la acusó de acumular cargos y sueldos como diputada e interventora.

“He tenido muchos compañeros gremialistas diputados en el Congreso de la Nación y siempre siguieron desempeñándose como secretarios generales de sus sindicatos”, dijo la diputada macrista a la prensa.

Y explicó que “no cobro en concepto de sueldo ni de aguinaldo ni vacaciones. Lo único que percibo es por gastos de representación remunerativos y, en consecuencia, estoy dada de alta en AFIP y pago impuesto a las ganancias por ello”.

La diputada macrista explicó que en el Congreso hay muchos secretarios generales de gremios que cobran como diputados y siguen al frente de sus sindicatos.

La denuncia presentada por José Luis González, que integra la filial de Corrientes del SOMU, en el Juzgado Federal Nº 6 de esa provincia, acusa a Gladys González de cobrar un sueldo de 59 mil pesos de la organización gremial y además destinar 90 mil pesos mensuales a sus asesores de comunicación.

“Hemos tomado conocimiento que existen irregularidades en la Sede Central del Sindicato, más precisamente sobre la persona de la Diputada Nacional Gladys González quien cobra como interventora Judicial del SOMU conforme planilla la suma de cincuenta y nueve mil pesos en forma mensual y además la misma percibe un sueldo como Diputada Nacional”, señala el escrito presentado este martes.

La diputada salió en el programa Lanata Sin Filtro y explicó que no percibía 59.000 pesos de sueldo sino que con los descuentos llegaba a 35.000 pesos y agregó que los recibía para poder solventar los gastos que implicaba su trabajo dentro del gremio.

Hoy agregó que “en el informe trimestral de la Comisión Interventora Judicial, se explicaron todos los ahorros en cada área y entre ellas el que hubo en el área de comunicación” y señaló que “hoy tres personas reemplazan y hacen el trabajo que antes hacían seis y el ahorro en esa área fue del 50% mensual con respecto a la anterior administración”.

“Desde la administración de la Comisión Interventora Judicial le generamos al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) un ahorro de $ 3.072.840 mensuales para su operatoria habitual y un ahorro de $ 4.687.477 por errores en certificaciones de obras”, agregó la diputada.

Que ya en un tono más político desafío a los denunciantes: “No me van sacar del camino los que estafaron a los marineros durante más de 20 años. Ni lo sueñen. No tengo ninguna duda que en caso de que se me ordenase tener que optar por seguir con la intervención o ser diputada; elegiré seguir al frente de la intervención y renunciaré a la banca del Congreso”.

Como sea, el cruce de acusaciones por esta situación, incluso golpeó al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de las causas contra “El Caballo” Suárez y garante último de la intervención.

Dirigentes del SOMU cuestionaron al juez por designar al frente de la obra social del gremio a Ramiro Tejada, quien es su cuñado y denunciaron que estaría percibiendo un sueldo de 150.000 pesos.

Suárez enfrenta una delicada situación por las denuncias de malversación de fondos del sindicato y extorsión empresas del sector; pero sobre todo porque el presidente Macri quiere que lo metan preso, como un gesto disciplinador para el resto del sindicalismo peronista.