La embestida contra los depósitos fiscales privados que había lanzado la Aduana a principios de marzo comenzó a toparse con los primeros reveses judiciales.

Un juez contencioso administrativo y otro del fuero comercial hicieron lugar a los recursos de amparo presentados por las empresas “Logística Central” y “Logexport” y ordenaron frenar las resoluciones de la Aduana que habían clausurado el funcionamiento de dos depósitos fiscales en el Mercado Central y el barrio de la Boca.

Los fallos conocidos en los últimos días dejaron mal parado al titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión – el ex comando carapintada y veterano de Malvinas que entre 2012 y 2015 estuvo al frente de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) porteña—que hasta ahora se sentía tan seguro con su accionar que ni siquiera respondía los recursos administrativos presentados por las empresas afectadas.

La fuerte ofensiva que Gómez Centurión inició hace más tres meses contra los depósitos fiscales privados de la región metropolitana que operan con cargas de importación y exportación tuvo dos claros objetivos.

Se trata de las empresas Carestiba SA y Censer SA vinculadas con Jorge Lambiris y Sergio González, dos figuras muy cercanas al ex titular de la AFIP y ahora desplazado timonel de la AGN, Ricardo Echegaray.

Estas firmas—según una investigación del diario Clarín—estarían involucradas con una compañía de transporte de los hermanos Paoloantonio que en los últimos años habría llevado adelante grandes operaciones de contrabando con el ingreso de contenedores que no eran controlados por el pago de coimas a funcionarios aduaneros.

En ese ataque contra los supuestos socios de Echegaray, Gómez Centurión volteó otros seis depósitos fiscales que no tenían relación con el tema y que se encontraron sorpresivamente con sus instalaciones inhabilitadas para operar por infracciones menores y faltas administrativas leves.

Ante la falta de respuesta de la Aduana a los descargos y los recursos administrativos, dos de las empresas afectadas acudieron a la justicia con el fin de defender sus derechos y revertir el cierre de los depósitos.

Inicialmente—tal como informó LPO—Gómez Centurión, por vía del operador judicial del macrismo Daniel Angelici, había logrado frenar el avance de las denuncias y los pedidos de amparo.

Pero desde mediados de mayo, un par de fallos parece mostrar que esa contención ha dejado de tener efecto.

Ante una presentación de la empresa “Logística Central SA”, el juez en lo contencioso administrativo federal número 6, Enrique Lavié Pico resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada y suspender la medida de Aduana que le había quitado la habilitación para operar como depósito fiscal.

La autorización judicial para que la empresa siga funcionando en el Mercado Central—que fue otorgada bajo una caución real de 100.000 pesos—cuestionó severamente el argumento de cierre de la Aduana que había puesto de relieve que “el cerco perimetral del depósito no estaba en regla y en condiciones”.

El fallo destaca que, del informe oficial esgrimido para la clausura, “no se desprende que efectivamente haya existido un incumplimiento a la cuestión referente al cerco del perímetro del depósito, ya que nada dice el informe acerca de la altura del mismo y sólo hace mención a la posible remoción de los paneles de alambrado que forman el cerco”.

Agrega que “si se entendiera que el cerco no cumplía con los requisitos de la resolución 3343/94, la sanción de cancelación de habilitación aparece como desproporcionada en la medida que ni la resolución citada, ni tampoco en el informe oficial se señala alguna conducta de la actora que pudiera considerarse como una infracción grave al Código Aduanero o, dicho en otros términos, que se haya configurado la comisión de un delito aduanero”.

Y concluye que “la elección de la pena más gravosa, sin hacer mérito de los fundamentos de dicha graduación, aparece como un exceso de punición ya que no guarda adecuada proporcionalidad con la supuesta falla cometida”.

En tanto, la otra empresa que logró un amparo provisorio para mantenerse en pie es “Logexport”.

El titular del juzgado comercial número 12, Hernán Diego Papa, que interviene en el concurso preventivo de la empresa, le puso un freno a la medida de la Aduana que había inhabilitado el accionar de Logexport en el barrio de la Boca.

Entre otras justificaciones, el fallo consignó que “la carencia de la habilitación impide continuar con la explotación de la única actividad de la empresa, lo que conduciría al decreto de quiebra y con ello la desocupación de todos los empleados”.

Tras indicar que un recurso de amparo solicitad por la firma fue rechazado en el fuero contencioso administrativo, el magistrado del concurso de Logexport destacó que “la continuidad de la actividad de la empresa permite generar otros efectos y consecuencias que superan los intereses concursales, pues hace crecer simultáneamente todos los valores alcanzados por la actividad económica, la conservación de la fuente de trabajo, el incremento del valor recuperable de la empresa y el efecto positivo sobre el entorno social y económico”.

Mientras tanto y ante los casi 500 despidos que podrían registrarse a fines de junio con el cierre de los depósitos fiscales que no tienen amparos judiciales, el ministerio de Trabajo de Jorge Triaca salió a abrir el paraguas con la conformación de una “mesa de diálogo”.

La primera reunión realizada el 26 de mayo entre la federación gremial marítima y portuaria (FEMPINRA), la Cámara Argentina de Depósitos Fiscales (Cadefip) y funcionarios del área de Transporte y la Aduana no dejó un panorama alentador.

Los representantes sindicales advirtieron que ante las primeras bajas laborales adoptarán medidas de fuerza que podrían paralizar el movimiento portuario y aduanero.