María Eugenia Vidal decidió que se aplique una sanción de hasta dos años de prisión a quienes den a conocer el contenido de las Declaraciones Juradas que presenten los funcionarios provinciales, policías y agentes de servicio penitenciario. 

Si bien en el texto del decreto no menciona a los periodistas, entre los alcanzados por la sanción se ubica a "terceros", es decir periodistas y medios de comunicación. Después de algunas horas de desconcierto, el gobierno bonaerense confirmó que se derogarán los artículos 1, 2 y 7 "para despejar cualquier inquietud sobre el libre acceso a las declaraciones juradas".

La medida, que se dio a conocer hoy en el Boletín Oficial de la Provincia y va a contramano del anuncio realizado ayer por el presidente Mauricio Macri, que prometió revisar el artículo 85 del proyecto de ley para el blanqueo de capitales, que establecía penas de prisión y multas a quienes revelaran datos de esas operaciones, incluyendo a la prensa.

A través del decreto 647, publicado hoy, Vidal modificó el decreto 116, con el que había obligado a sus funcionarios y a sí misma, además de los agentes penitenciarios y policiales con el grado de subcomisario en adelante, a publicar sus declaraciones juradas de bienes, una medida largamente esperada ante la falta de transparencia que impera en los actos del Estado provincial.

Ese decreto 116 establecía que los funcionarios públicos debían presentar las declaraciones juradas en dos formatos: una versión sintética y otra integral. La primera, que iba a ser de libre acceso para periodistas y ciudadanos, sólo consigna la valuación del patrimonio sin identificar los bienes que lo integran. La segunda, integral, incluye esas precisiones más los datos de los familiares directos de los funcionarios, pero iba a quedar a resguardo de la Escribanía General de Gobierno, ente que desde hace años rechaza todos los pedidos de acceso a la información realizados por la prensa.

Incluso, en los fundamentos del propio decreto se deja en claro que fue la Escribanía General de Gobierno quien solicitó hacer la corrección.  

La Legislatura posterga el proyecto. La Legislatura bonaerense demorará unas semanas el tratamiento del proyecto de ley de Declaraciones Juradas. Tras el decreto de Vidal, el proyecto enviado por el Ejecutivo fue demorado para analizar la incorporación de una suerte de “Oficina Anticorrupción” bonaerense pedida por el peronismo.

"La Declaración Jurada Patrimonial Integral mencionada en el artículo precedente -incluido el Anexo-, tendrá carácter reservado. Los funcionarios, empleados y terceros que de algún modo vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal según corresponda, siendo de aplicación toda otra sanción establecida en la normativa vigente", dice el texto agregado hoy por el decreto 647 al régimen de Declaración Jurada patrimonial de la provincia.

El decreto desconcertó incluso a propios funcionarios de Vidal, toda vez que mañana el Senado bonaerense se prestaba a dar media sanción al proyecto que regula las declaraciones juradas. Se sabe que una ley va por encima de un decreto. Por eso, desde el Senado aseguran que por el momento la iniciativa no se tratará mañana.

Por la tarde, Vidal salió a aclarar sobre el decreto. Recordó que en marzo de este año decidió que todos los funcionarios de la provincia y los cargos jerárquicos de las fuerzas de seguridad presentarán sus declaraciones juradas públicamente. "Esto no pasaba antes. La decisión sigue siendo la misma", agregó. 

"El acceso a esta información es público y para todos, en el marco de las leyes vigentes Si hay alguna cuestión técnica que generó dudas en el decreto vigente será revisada", dejando lugar a una modificación del decreto publicado hoy.

Más tarde, a través de un comunicado el gobierno bonaerense confirmó que se "reconoce un error en la redacción del decreto" y que Vidal resolvió derogar los artículos 1, 2 y 7, "para despejar cualquier inquietud sobre el libre acceso a las declaraciones juradas, así como a cualquier otro asunto de interés público".