La desgastante pelea entre el Gobierno nacional y la multinacional Monsanto por el pago de regalías de la tecnología Intacta pareciera haber encontrado una tregua tras las últimas negociaciones que encabezó Gustavo Lopetegui por orden de Mauricio Macri.

Sin embargo, en el sector reina la incertidumbre dado que hasta el momento ningún funcionario ni directivo de la empresa confirmó oficialmente el acuerdo. Apenas el ministro Ricardo Buryaile adelantó que "se estaría resolviendo el conflicto".

En este escenario de desconfianza de ambos lados, La Política Online accedió a un contenido informal del acuerdo. El punto más relevante es que la compañía aceptó que los controles en los puertos estén a cargo del Instituto Nacional de Semillas (INASE).

Este aspecto fue si se quiere el que trabó las negociaciones dado que las autoridades de Monsanto habían montado un sistema de testeo de semillas propio por medio del cual, en caso de detectar su tecnología, enviaba la factura al productor correspondiente.

Es por eso que el jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria, Guillermo "Willy" Bernaudo, garantizó que el INASE continuará con la política de enviar intimaciones a los productores que no declaren el origen de la semilla de soja sembrada.

Cabe destacar que el INASE ya citó a unos 1.400 productores (sobre un universo total de alrededor de 14.000) y prometió duras sanciones monetarias y productivas si no pueden justificar el origen legal de la semilla utilizada para sembrar.

Pero, ¿qué ganó Monsanto al ceder y dar de baja su sistema de control? Al parecer, el Gobierno se comprometió a generar un marco adecuado para que las empresas del sector semillero puedan cobrar sus desarrollos tecnológicos en condiciones normales.

En este sentido, Buryaile encomendó a un grupo de técnicos del Ministerio de Agroindustria que aceleren la presentación del proyecto de Ley de Semillas con el objetivo de aprobarlo este año (la actual normativa data de la década del '70).

El proyecto oficial se discutirá inicialmente en el marco de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados que preside Gilberto Alegre, quien también presentó una iniciativa propia que cuenta con el apoyo del Frente Renovador.

Como sea, en cualquier caso, para las empresas semilleras sería un logro que el proyecto se discuta y pueda ser aprobado durante el transcurso de este año dado que consideran que de esta forma se le pondría fin a un debate que lleva mucho tiempo.

En este contexto, los especialistas que conocen a fondo la cuestión destacan que el acuerdo es beneficioso para ambas partes, aunque remarcan al mismo tiempo que al no formalizarlo y divulgarlo por escrito y con garantías corre riesgo de ser incumplido.

Para Monsanto es beneficioso porque logró el compromiso político de la Casa Rosada de sancionar la mencionada Ley de Semillas. En tanto, para el Gobierno es ventajoso porque sentó un precedente al impedir que una empresa viole la legislación local.

Por su parte, las entidades rurales ahora tienen las miradas puestas en la Cámara baja para intentar imponer su visión sobre el tema. El problema es que en la Mesa de Enlace no hay un opinión conjunta y es probable que se abran nuevas disputas.