La intervención al sindicato de marineros (Somu) que encabeza la diputada macrista Gladys González, entró en zona de turbulencias. La legisladora mantiene una guerra fría con el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a quien acusa de ser funcional al desplazado líder del gremio, Omar “Caballo” Suárez.
Gladys González viene chocando fuerte con el delegado del magistrado en la intervención, Santiago Viola, a quien acusa de frenar las medidas que quiere impulsar para transparentar el gremio. También tuvo cortocircuitos con el delegado del Ministerio de Trabajo, Jorge Alonso.
La situación llegó al punto de tensión que hay demorados pagos esenciales del sindicato, porque Gladys González no logra el consenso interna para destrabarlos. Incluso, empresas navieras como Manolot y San Jorge Marítima se presentaron días atrás ante el juzgado de Canicoba Corral advirtiendo que la intervención podría dañar su patrimonio.
Es que tanto en el juzgado federal como en sectores del Gobierno creen que la diputada no tiene manejo político para administrar un deseo en caliente de Macri, que dijo que quería a Suárez preso, como gesto ejemplificador al resto del sindicalismo peronista.
El problema es que hay grandes chances que lejos de ser visto de esa manera, una decisión de ese tipo –y más si es forzada- desencadene el efecto contrario y barra con la frágil tregua que el Gobierno logró con los sindicatos, luego que Macri vetara la ley antidespidos.
La número dos de la Agencia Federal de Inteligencia, Silvia Majdalani, es una de las que internamente trata de atemperar las embestidas de Gladys González. “Es una locura esto de meter preso a Omar”, se queja la también diputada.
Es que Majdalani tiene línea directa con el secretario General de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, una aliado clave del Gobierno por ser un peso pesado de la CGT y además actor clave en Aysa, la empresa estatal de agua que hoy concentra buena parte de la obra pública en infraestructura social básica, a la que apuesta Macri para mover la economía y sumar adhesiones entre los sectores más humildes.
En la misma sintonía está el gastronómico Luis Barrionuevo, otro hombre de llegada al Presidente, que hoy se ha convertido en uno de los principales sostenes del “Caballo”.
“Es una pésima señal para todos nosotros que metan preso a Omar”, advirtió días atrás Lingeri.
En el ministerio de Trabajo que conduce Jorge Triaca, siempre parado sobre un volcán, también consideran perjudicial extremar el conflicto de Suárez y proponen una hoja de ruta negociada, que podría desembocar en un acuerdo que implique su retiro de la vida sindical, a cambio de no meterlo preso.
Además, Triaca que es uno de los ministros de Macri más cercanos al papa Francisco, sabe que el líder del SOMU cuenta con el respaldo del sumo pontífice. La devoción del “Caballo” por el Papa es tal que contrató a la periodista Alicia Barrios, amiga personal de Bergoglio, para que arme en el sindicato un multimedios totalmente alineado con el jefe de la Iglesia Católica, al punto que la radio se llama “Papa Francisco”.
Talibanes y palomas
“El problema es que Gladys está talibanizada”, comentaron a LPO fuentes al tanto del conflicto. La diputada se tomó a pecho la instrucción de Macri, al punto que este sábado la interventora desembarcó en Corrientes, la patria chica del Caballo.
Allí tuvo un duro cruce con Nicolás Fuentes, mano derecha del “Caballo”, cuando intentó tomar el control de la delegación local del Somu y este lunes denunció amenazas ante la justicia, dijo que la siguieron camionetas y le tomaban fotos y que Fuentes llegó a advertirle que no podía impedir que a alguno "se le escape un tiro". Los abogados de Suárez niegan la acusación y sostienen que el problema es que la diputada no encontró en Corrientes ningún juez local que le avalara su deseo de intervenir la filial local del Somu.
Pero el conflicto desbordó a Fuentes y pegó de lleno en el triunvirato, porque según denuncian allegados a la diputada, el interventor Viola se negó a desplazar al hombre del “Caballo”.
Viola es además “acusado” por la gente de Gladys de ser abogado de uno de los hijos de Lázaro Báez, a quien está representando su madre Claudia Balbin.
En ese cruce de acusaciones, también es mirado de costado el juez Canicoba Corral, porque designó al frente de la intervención de la obra social –la caja del sindicato-, nada menos que a su hijo. Y para sumar curiosidades, la semana pasada este juez subrogó a Casanello en la causa Báez, por el viaje del magistrado al Vaticano, encuentro con jueces que organizó el papa Francisco.
Marco enrevesado que hoy se terminó de complicar, cuando el propio Suárez en una carta de lectores a La Nación se quejó de que la intervención del sindicato haya violado el secreto de sumario impuesto por el juez, al filtrar a los medios las “conclusiones de una supuesta auditoría” sobre el sindicato, a la que la defensa del propio acusado no tuvo acceso.
“Las partes en el proceso, hasta el momento de la redacción de esta carta no hemos tenido al informe otro acceso que a través de los resúmenes publicados por la prensa”, se quejó el “Caballo” y mandó a denunciar la violación del secreto de sumario en el juzgado.
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PD: sin errores niño, te gusta más?
Pq viste que eso de querer hacer chistes con los nombres es muy de pendejo que se cree ocurrente o de troll de manual...