El Gobierno nacional publicó días atrás en la página web de Presidencia su primer informe oficial -denominado “El estado del Estado”- sobre la herencia que dejó la administración kirchnerista que gobernó el país entre los años 2003 y 2015.

Como era de esperar, los mayores daños causados por las políticas K se encuentran en el sector agropecuario. En este sentido, cabe recordar que en septiembre de 2009 Cristina Kirchner decidió que la secretaría de Agricultura pase a tener rango de Ministerio.

La medida se tomó en medio de la pelea con la Mesa de Enlace para institucionalizar políticamente el conflicto. Para esto, entre 2009 y 2015, pasaron tres ministros: Julián Domínguez (2009/11), Norberto Yauhar (2011/13) y Carlos Casamiquela (2013/15).

La decisión salió muy cara. “Hasta diciembre de 2015 convivían en el Ministerio de Agricultura tres ministerios paralelos: uno técnico, uno político y uno de militancia, cada uno con su propia gestión y procedimientos de hecho”, revela el informe.

LPO averiguó con fuentes oficiales cuáles eran esos tres “ministerios paralelos” a los que se refiere el macrismo. El área política lo manejaban Emilio Pérsico y Carla Campos Bilbao a través de las secretarías de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural.

Ambos ex funcionarios estaban enfrentados políticamente por la división del área dispuesta por Máximo Kirchner en 2014 y cada uno administraba un jugoso presupuesto que le permitía tener, por ejemplo, su propio equipo de prensa y comunicación.

“La gestión anterior creó una secretaría de Agricultura Familiar y le dio una gran autonomía y presencia en todo el país, pero falló en el diagnóstico y, por lo tanto, en el diseño de su estrategia”, apunta el informe “El estado del Estado”.

“En los años anteriores a diciembre de 2015 la brecha entre los agricultores familiares y los grandes productores se hizo cada vez más grande como consecuencia del atraso tecnológico y la falta de respuestas del Estado”, indica el documento.

“La agricultura familiar se encontraba desatendida y trabajando con tecnologías del siglo pasado. La falta de políticas imposibilitaron impulsar la productividad del sector, que se convirtió en rehén de la asistencia de subsistencia”, dispara el informe.

En tanto, el área de militancia política en el Ministerio de Agricultura se encontraba bajo el mando del ex secretario de Emergencia Agropecuaria, Javier Rodríguez, un hombre de La Cámpora designado en 2013 por orden de Axel Kicillof.

El fondo que corresponde a la atención de la emergencia se determinó por Ley y fue de $ 500 millones para los años 2014 y 2015. “Sólo se ejecutó el 63% del fondo en 2015 y se había ejecutado todavía menos, el 42%, en 2014”, asegura el Gobierno.

“Las rendiciones de cuentas de estos fondos fueron deficientes o inexistentes. Si se hubiese transferido todo el dinero y auditado la ejecución de la ayuda, en diciembre de 2015 habría habido mejores herramientas para enfrentar las inundaciones”, agrega.

Por su parte, el área técnica fue si se quiere lo más rescatable del viejo Ministerio de Agricultura. Es que, si bien hasta 2013 la gestión de Lorenzo Basso recibió muchas críticas, ese año asumió como secretario Gabriel Delgado de la mano de Casamiquela.

En el sector reconocen que, dentro de sus limitaciones políticas, Delgado –un reconocido técnico del INTA- llevó adelante una gestión marcada por las buenas intenciones y diálogo permanente con los máximos referentes agropecuarios.

Así las cosas, en Agricultura ocurrieron cosas un tanto insólitas como concursos para planta permanente creados a medida de funcionarios transitorios de la gestión anterior, muchos de los cuales tramitaron hasta los últimos días del año pasado.

En febrero LPO contó que en el ministerio en cuestión había empleados que trabajaban una vez por semana. Y el informe macrista lo ratificó: “La gestión de recursos humanos estaba marcada por la falta de control de horarios y una dotación desmotivada”, alerta.

“También se encontraron absurdos burocráticos como un expediente administrativo de 100 fojas para pagar una factura de $ 800. La mayoría de las contrataciones de proveedores estaban vencidas”, añade el documento.

Un dato que muestra el nivel de despilfarro en Agricultura es que mientras en 2008 la cantidad de empleados era de 1500, en diciembre de 2015 se contaban alrededor de 7000 (sin contar el INTA y el Senasa que tienen una plantilla similar).

El campo en la era K

El informe “El estado del Estado” también muestra una serie de datos relativos al sector agropecuario y las comunidades de las diferentes regiones productivas argentinas en el que se advierten los daños que causaron al campo las políticas kirchneristas.

“Las políticas oficiales provocaron una caída del 10% en la producción de granos equivalente a más de 10 millones de toneladas por año. El cultivo que más sufrió fue el trigo”, considera el documento de Presidencia.

“El stock vacuno cayó de 57 a 48 millones de cabezas entre 2007 y 2012. En el mismo período Argentina pasó de ser el tercer exportador mundial de carne a ser el 12°. En 2006 el sector exportó un millón de toneladas equivalentes de res con hueso. En 2015 no llegó ni al 30% de ese valor. Llevará años recuperar el terreno perdido”, sostiene.

“Una parte importante de la competitividad de los sectores avícolas y porcinos estaba basada en la presión sobre otros eslabones de la cadena y no en factores propios de competitividad”, critica el informe. “La producción lechera nacional casi no creció en los últimos diez años, mientras que en el mismo período nuestros vecinos aprovecharon para crecer entre 5% y 7%”, agrega.

El manejo del “caso Botnia” tuvo efectos negativos en el sector forestal. “En Entre Ríos dejó de plantarse y se prohibió además la exportación de rollizos a Uruguay por los puerto entrerrianos. Muchas grandes inversiones se destinaron a Uruguay”, concluye.