Al menos quince intendentes del Conurbano presentarían una medida cautelar colectiva la semana que viene, en un hecho político que amenaza con detonar el tarifazo en los servicios públicos instrumentado por el Ministerio de Energía, si se suma además el avance de la ola de amparos que se levanta en todo el país.

A modo de advertencia, el lunes habrá encuentros en las plazas céntricas de los distritos, con los clubes como protagonistas.

Anoche los alcaldes liderados por Gabriel Katopodis y Martín Insaurralde se reunieron con Rogelio Frigerio, a quien el Gobierno trasladó la tarea de contener la furia de gobernadores e intendentes por el nuevo cuadro tarifario.

Hoy a las 16 se reunirán con Carlos Mac Allister, Secretario de Deportes, para darle un ultimátum por el tema de clubes de barrio. Le pedirán directamente que anule el aumento de la luz y gas a estas instituciones y que lo retrotraiga a la etapa anterior.

Además, los alcaldes de la primera y tercera sección electoral observan de cerca al procurador del Tesoro, Carlos Balbín, que adelantó a LPO la estrategia judicial del Gobierno para defender el tarifazo: recurrir a la Corte y puentear así a los jueces, que se inclinan mayoritariamente por frenar los aumentos.

Con Frigerio los intendentes encuentran lo que no hallan en Aranguren: buena receptividad, un interlocutor que habla el mismo idioma y que, despojado de soberbia, promete soluciones. El ministro de Interior dijo que en las próximas horas habrá anuncios al respecto. 

El problema es que el conflicto ya está disparado y no se limita a los clubes y sociedades de fomento; impacta sobre pymes, comercios y otras instituciones intermedias.

Mas allá de las movidas individuales –Verónica Magario presentará un amparo en Matanza, en San Martín ya hay decenas de acciones judiciales-, al menos 15 intendentes puntean una cautelar colectiva para la semana que viene y esperan poder sumar a jefes comunales del Frente Renovador.

Los radicales del interior, aunque no lo blanqueen, están desbordados también por esta situación. Hasta los alcaldes del PRO anunciaron subsidios para los clubes. Pero en el peronismo entienden que estos parches son inviables y cortoplacistas, y van por más.

“Por ley las tarifas tienen que ser justas y accesibles, algo que no se está cumpliendo. Las aplicaron sin un sentido de equidad y sin un esquema de gradualidad”, explicó un alcalde a LPO. El tarifazo es considerado ilegal además porque no cumplió con las previas audiencias públicas, que es uno de los argumentos presentados por los jueces en la provincia.

Otro tema que reclaman los intendentes es el de los entes que tienen que estar controlando, como el Enre. Van a pedir la renuncia de funcionarios de estos organismos que antes integraban las empresas de energía por lo cual ahora no tienen autoridad para fiscalizar y controlar esta situación.

Estuvieron anoche en Casa de Gobierno los intendentes Insaurralde (Lomas de Zamora), y Katopodis (San Martín), además de Mariano Cascallares (Almirante Brown) y Eduardo Bucca (Bolívar). Además, de la reunión participó el Viceministro del Interior, Sebastián Garcia de Luca y el subsecretario Lucas Delfino.

Amparos en el interior

El juez en lo Contencioso Administrativo 1 de La Plata, Luis Federico Arias, ordenó suspender el tarifazo en las boletas de luz en la provincia y justificó la medida en que no se celebró "la correspondiente audiencia pública con anterioridad a su aprobación".

Así, se frenó el aumento eléctrico en el interior, pero esto no tiene competencia en el Conurbano donde funcionan servicios como Edenor y Edesur.

Incluso aún en el interior hay dudas del alcance de la medida judicial. El intendente de San Antonio de Areco, Francisco “Paco” Durañona, presentó esta mañana un escrito ante el juez Arias para que aclare si su fallo incluye a las cooperativas que prestan servicios en los partidos del interior, como el propio Areco.

En principio, la medida judicial comprende los aumentos otorgados en las áreas donde prestan servicio las distribuidoras Edelap, Edes SA, Edea SA y Eden SA. Sin embargo, en Areco entienden que la cooperativa CEOSP debe acatar dicho fallo y refacturar sus servicios conforme al cuadro tarifario anterior al tarifazo eléctrico.

La respuesta de Arias impactaría en otras localidades donde funcionan cooperativas de servicios de luz.