En medio de un conflicto que lleva más de tres meses y ante el estancamiento en las negociaciones salariales, la Suprema Corte bonaerense convocó para el lunes a una "instancia de diálogo y conciliación" al gobierno de María Eugenia Vidal, al gremio de judiciales y al Colegio de Magistrados y funcionarios.

La crítica situación generada en los tribunales bonaerenses obligó al superior tribunal provincial a intentar una salida con la convocatoria al Gobierno y las entidades que representan a empleados, funcionarios y jueces.

Los judiciales están realizando un paro de 96 horas y convocaron a una movilización para este jueves a la Ciudad de Buenos Aires.

En mayo de 2011 y ante una situación similar, la Corte también había convocado a una reunión conjunta.

La situación se agravó en las últimas horas ya que el Ejecutivo provincial realizó una oferta a los empleados que resultó inferior a la efectuada hace más de una semana a jueces y funcionarios.

La administración provincial ofreció al Colegio de Magistrados un incremento del 28,5% y un posible ajuste por inflación que se discutirá en agosto que tendrá como base un 3%.

Mientras que a la Asociación Judicial Bonaerense ofreció un aumento del 27,3% en tres cuotas o del 17,3% para el primer semestre y reabrir la paritaria en julio.

Mediante la resolución 966, la Corte tomó esa decisión ante las "dificultades de público conocimiento que existen en el ámbito tribunalicio provincial, como consecuencia del tratamiento brindado al reclamo salarial" y que derivaron en los paros que se vienen realizando desde febrero.

"La mocionada instancia de diálogo y conciliación se iniciará en la sede de esta Suprema Corte el día lunes 30 de mayo a las 9:00 horas. Se requiere que al momento de iniciar y mientras se sustancie la indicada instancia, se haya dispuesto la cesación de las medidas de acción directa, encontrándose regularizada la normal prestación del servicio de justicia", indicó la Corte.

Advirtió que "en caso de fracasar la convocatoria, esta Corte resolverá lo que corresponda para garantizar el servicio de justicia".

En su resolución, el Tribunal admitió que el conflicto "ha provocado una afectación sustancial en la prestación del servicio de justicia en todo el territorio provincial".

La disposición lleva la firma de los jueces Eduardo Pettigiani, Héctor Negri, Eduardo Néstor de Lazzari y Juan Carlos Hitters y de la procuradora María del Carmen Falbo.

QnN����j��