Los municipios que gobiernan los peronistas Alberto Descalzo, Juan Zabaleta, Gustavo Menéndez, Walter Festa y Ricardo Curutchet acordaron coordinar medidas comunes para enfrentar los tarifazos de los servicios públicos.

Funcionarios de Desarrollo Social de los cinco distritos mantuvieron una reunión en Ituzaingó en donde intercambiaron experiencias y definieron llevar adelante asambleas públicas con el fin de armar un petitorio para llevar al Ministerio de Energía y lograr ampliar a los beneficiaros de la tarifa social. 

La primera asamblea se realizará este sábado en la tierra de Descalzo, pero la idea es replicarlas en los distritos a lo largo de junio, en principio en Moreno, Merlo, Hurlingham y Marcos Paz.

El aumento de la luz y el gas han puesto a los clubes de barrio, centro de jubilados, comercios y hasta a instituciones privadas como colegios en una situación límite.

"Tenemos reclamos de centros de jubilados que estaban pagando 500 pesos por bimestre en sus tarifas y ahora pagan 700 por mes, un incremento de casi el 500%", dijo a este medio Claudio Righes, secretario de Desarrollo Humano de Ituzaingó.

"Las asambleas públicas son un espacio de contención pero no será la única medida. La idea es cooperar y compartir programas sociales que maneja cada municipio, tratando de evitar el conflicto social que genera las políticas de ajuste. Además, nos comprometimos a generar nuevas programas a fin de lograr una cobertura más amplia a nuestros vecinos", completó Righes.

Mientras la política empieza a moverse para contener a la gente, la Justicia también empieza a dar algunas respuestas. En Tres de Febrero, acaba de conocerse una medida cautelar firmada por la jueza federal de San Martín, Martina Isabel Forns, que frena el aumento de la luz en una clínica privada.

El reclamo fue presentado por el Hospital Privado Nuestra Señora de la Merced, ubicado en la localidad de Martín Coronado. La jueza ordenó también a la distribuidora eléctrica Edenor que devuelva en las próximas facturas los incrementos que eventualmente haya cobrado al mencionado hospital y que no incluya nuevos aumentos por el término de tres meses.

En tanto, Chubut se convirtió en la primera provincia donde se frena el tarifazo a partir de un amparo.  Un juez federal ordenó suspender en toda esa jurisdicción el aumento en la tarifa de gas dispuesto por el Ministerio de Energía. 

Luego de esa medida judicial, el gobierno anunció rebajas en las tarifas de gas para usuarios residenciales de la Patagonia (Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén) y La Pampa, que a partir de ahora (con retroactivo 1 de abril), no abonarán más de 400 por ciento el aumento en el servicio de gas.

Sin embargo, los gobernadores rechazan la propuesta de rebaja del gas de Aranguren porque excluye a las industrias. Insisten que los aumentos son drásticos y peligran trabajos y la temporada turística.