El gobierno nacional dio marcha atrás con el tarifazo de gas para el sector productivo luego de las quejas de empresarios y que los gobernadores patagónicos pusieran el grito en el cielo. Esta semana Mario Das Neves, gobernador de Chubut, pidió un amparo, y hoy la diputada Margarita Stolbizer junto con Héctor Polino pidieron a la justicia una cautelar.

Aranguren dispuso esta tarde que los pequeños comercios, las pymes y los entes oficiales de todo el país abonarán el 50% de los consumos de gas natural correspondientes al nuevo cuadro tarifario de este invierno -entre los meses de abril y septiembre-, informó esta tarde el Ministerio de Energía.

En el caso de la electricidad, las autoridades dispusieron que los usuarios de las provincias del noreste argentino que no tienen acceso al sistema troncal de transporte de gas natural (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones) y que cumplen los requisitos para recibir la Tarifa Social Federal verán duplicado su umbral de consumo gratuito de 150 KwH/mes a 300 KwH/mes a partir del 1 de junio.

Las pymes, pequeños comercios y entes oficiales que ya recibieron las boletas con el cuadro tarifario vigente podrán demorar el pago del servicio hasta la llegada de la nueva facturación. 

En el caso de las garrafas de 10 kilos, el Ministerio de Energía decidió mantener hasta fin de año el precio máximo de referencia de 97 pesos por unidad y el subsidio correspondiente -de 20 pesos- para los casi tres millones de hogares del Programa Hogares con Garrafas (Hogar).

Las rebajas serán comunicadas de manera oficial la próxima semana. A partir de la publicación de las resoluciones correspondientes en el Boletín Oficial, las empresas distribuidoras de gas y electricidad deberán emitir las nuevas facturas.    

Si bien no hubo confirmación al respecto, las pymes, pequeños comercios y entes oficiales -entre los que se encuentran las universidades- que ya recibieron las nuevas boletas con el cuadro tarifario vigente tendrán la posibilidad de demorar el pago del servicio hasta la llegada de la nueva facturación.

La decisión del Ministerio de Energía se conoce en momentos en que arrecian las críticas contra la suba en las tarifas de parte de comercios y pymes. A esto se suman los recursos de amparo ante la justicia para impedir la aplicación del reajuste en la tarifa del gas presentada por los gobernadores de la Patagonia. 

Como anticipó LPO, el lunes, los gobernadores de estas provincias tienen previsto reunirse en Buenos Aires con los ministros de Energía, Juan José Aranguren, y de Interior, Rogelio Frigerio, para discutir este aumento de tarifas.

"Estos nuevos valores no guardan racionalidad y debilitan, entorpecen y quizá no permitan el desarrollo de la actividad hotelera en la provincia", dijo el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, al confirmar la reunión prevista en Casa de Gobierno.

El encuentro refleja la preocupación expresada en las últimas jornadas por el mismo Gutiérrez y sus pares patagónicos de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Chubut, Mario Das Neves; y de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, respecto de la incidencia de las tarifas del gas en la actividad turística.

Particularmente, Gutiérrez aseguró que "transmitió el convencimiento del Gobierno Nacional de que es una situación que hay que revisar y modificar".

Para Polino Y AStolbizer, las normas que habilitaron esta suba no citan cuál es la facultad de la autoridad emisora para fijar precios y que por lo tanto existe un exceso en el uso de las facultades que competen a Aranguren.

Horas después de conocerse que se iba a hacer esta reunión, el Gobierno dispuso que en el caso del Gas Natural, los pequeños comercios,las pymes y entes oficiales de todo el país (las categorías tarifarias SGP1, SGP2 y SGP3) abonarán el 50% de los consumos correspondientes al nuevo cuadro tarifario entre abril y septiembre, mientras que el otro 50% será financiado por el Estado nacional.

Desde el ámbito político, la diputada Margarita Stolbizer y el representante legal de la asociación Consumidores Libres, Héctor Polino, presentaron también una medida cautelar contra el Ministerio de Energía, el Enargas y la empresa Metrogas por la instrumentación de las nuevas tarifas de gas en el área metropolitana.

Argumentaron que las normas que habilitaron esta suba no citan cuál es la facultad de la autoridad emisora para fijar precios y que por lo tanto existe un exceso en el uso de las facultades que competen al Ministerio de Energía.

Además, "no se ha realizado la Audiencia Pública ni ningún proceso de consulta previa de conformidad a lo que hubiera correspondido y, por último, hay conflicto de intereses en lo que se refiere la Ley Nacional de Ética Pública, debiendo haber correspondido la abstención de los funcionarios intervinientes", sostiene el escrito.