Un viejo proyecto de ley que Sergio Massa viene promoviendo desde hace meses fue la prenda de negociación para que mañana María Eugenia Vidal tenga la emergencia administrativa.
Los diputados massistas mantuvieron hoy una reunión de bloque para definir una postura formal de cara a la sesión de mañana, en la que el oficialismo bajará al recinto con la decisión de aprobar la emergencia tal cual llegó del Senado.
Herméticos, tras casi dos horas de discusión salieron sin una definición, pero adelantaron que lograron los consensos necesarios para que se apruebe mañana la ley de Reforma Política. Traducido: El oficialismo accedió a aprobar la ley que pedían los renovadores a cambio de contar con sus votos para asegurarse la emergencia administrativa.
El proyecto que promueve el Frente Renovador limita la reelección de legisladores, intendentes, concejales y consejeros escolares y, de esta manera, los funcionarios no podrán estar en sus cargos por más de dos mandatos. Además, determina la incompatibilidad de tener dos sueldos en el Estado bonaerense.
La iniciativa parlamentaria, que tuvo despacho favorable en las comisiones de Asuntos Municipales y de Reforma Política y de Estado, unifica cuatro proyectos de los 26 que habían sido presentado en la Legislatura.
El texto final expresa que el intendente, los concejales, consejeros escolares, diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires elegidos por el pueblo, durarán en sus funciones el término de cuatro años y podrán ser reelectos por un nuevo período, con la aclaración que “si han sido reelectos no podrán ser elegidos en el mismo cargo, sino con intervalo de un período.”
El viernes pasado, un sector del Frente Renovador comenzó a plantear algunas diferencias con el proyecto que, en términos llanos, establece una agilización de los procesos de licitación y compra a través de una flexibilización en los mecanismos de control y del establecimiento de plazos más cortos para que los organismos del Estado se expidan sobre este tipo de trámites. Además, plantea una mayor laxitud en los contratos de trabajo, lo que provocó una fuerte reacción gremial.
Protesta gremial
Hoy, el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, envió a las autoridades de Diputados un texto ‘compromiso’ en el que destaca que el contrato de servicios al que refieren los artículos 22 y 23 del proyecto en cuestión refiere a la locación de servicios que nada tiene que ver con la figura o la forma del instituto laboral del contrato de trabajo previsto en la ley 10.430.
Pero a pesar de esa carta, mañana, los diputados sesionarán en un marco de protestas de judiciales, médicos, estatales y docentes que rechazan la emergencia.
La protesta es convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); la Asociación Judicial Bonaerense (AJB); el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Bueno Aires (SUTEBA); los médicos enrolados en la CICOP y los trabajadores de la Minoridad del SOEME.
"Hay un cambio estructural en el Estado provincial. Van por el desguace para habilitar al sector privado a efectuar todo tipo de negociados con los funcionarios amigos, sin ningún tipo de control", indicó el secretario General de ATE provincia, Oscar de Isasi.
Agregó que "estamos asistiendo a la mayor precarización laboral de los trabajadores y trabajadoras a riesgo de perder la fuente de trabajo porque se crea un contrato autónomo que dice expresamente que carece de derechos".
Según los sindicatos estatales, la emergencia "pretende flexibilizar las contrataciones de los trabajadores estatales en forma paralela con la Ley 10.430 y flexibilizar los sistemas de control de las contrataciones del Estado provincial".
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Vidal mandó a Villegas a explicar la emergencia administrativa y descartan cambios en el texto
