Tras las fuertes críticas al gobierno que surgieron después de que LPO divulgara en forma exclusiva la compra de gas a Chile con un precio más caro que el pagado a Bolivia y a los barcos metaneros, la conducción de la empresa estatal Enarsa salió a justificar la polémica importación y confirmó que cerró otra adquisición directa con firmas trasandinas con el fin de reforzar el suministro interno de ese combustible entre los meses de mayo y agosto.

El presidente de Enarsa, Hugo Balboa y el director, José María Zuliani, recibierona  este medio en sus oficinas de la avenida Libertador y destacaron que “ésta era la única y más conveniente opción de abastecimiento de gas para el invierno” y se tuvo que aceptar las condiciones fijadas por los proveedores por “la falta de confianza en el país que tienen las empresas chilenas”.

Los funcionarios de la compañía estatal indicaron que no quedaba otra salida que traer gas desde Chile porque Bolivia no está en condiciones técnicas de aumentar sus envíos (sobre un máximo programado de 19,9 millones de metros cúbicos diarios solo podrá despachar 16 MMCD a partir de junio) y las terminales regasificadoras de Bahía Blanca y Escobar no pueden recibir más barcos de los que ya están agendados para los próximos meses.

Balboa y Zuliani argumentaron que se aceptó pagar a Chile por adelantado y por contratación directa hasta un 128 por ciento mas caro el gas porque en el país trasandino "no aceptan" las cartas de crédito del Banco Nación.

Según explicaron Balboa y Zuliani, la totalidad del gas que llegará desde Chile irá a parar a CAMMESA (la administradora estatal del mercado eléctrico) para que ésta lo distribuya a las centrales de generación térmica. “De esta manera, logramos remplazar una parte del gasoil importado más caro por el gas natural que es más económico”.

De acuerdo con el particular análisis de los directivos de Enarsa, CAMMESA tenía que importar durante el invierno 900.000 metros cúbicos de gasoil para las usinas térmicas a un precio promedio equivalente de US$ 10,4 por millón de BTU (MBTU). Por esta vía, el monto total que debía desembolsar trepaba a 319 millones de dólares.

Las compras directas acordadas con Chile permitirían sustituir unos 400.000 metros cúbicos de ese gasoil, bajando la factura final de 319 millones a 272,6 millones de dólares, con un supuesto “ahorro de divisas” de 46,4 millones de dólares.

Tras indicar que a Bolivia se le está abonando un precio de 3,10 US$ por MBTU, los funcionarios reconocieron que el valor fijo pactado para el gas que comenzará a ingresar a Salta la próxima semana por el gasoducto Norandino es de 6,90 US$ por MBTU y que el monto total del contrato asciende a 22 millones de dólares.

El presidente de Enarsa, Hugo Balboa.

LPOJuan Casas

A su vez, confirmaron que también se firmó otro contrato de compra directa para importar 276 millones de metros cúbicos por el gasoducto Gas Andes que une Chile con Argentina a la altura de la provincia de Mendoza. En este caso, el precio está atado a una fórmula relacionada con la cotización del crudo tipo Brent y según los cálculos oficiales se ubicará en un promedio de 7,2 US$ por MBTU. En total, el monto a pagar por este nuevo contrato trepará a 73, 4 millones de dólares.

Con respecto al convenio cerrado con Solgas – la intermediaria del grupo internacional GDF Suez—por la provisión de gas a Salta, Balboa y Zuliani admitieron que tuvieron que pagar por anticipado la totalidad de la compra “porque las empresas chilenas, por la falta de confianza que les genera Argentina, no quieren aceptar como garantía cartas de crédito del Banco Nación”.

Otra imposición que tuvieron que convalidar de Solgas fue la cesión de la soberanía judicial para que se aplique la ley del estado de Nueva York para la resolución de conflictos.

“Si no aceptábamos ese clausula, no podíamos firmar el contrato de compra”, precisó Zuliani.

En tanto, en el otro contrato suscripto con la empresa chilena ENAP lo que se acordó fue que se utilizarán las normas de la “Convención de Viena” y que cualquier arbitraje tendrá como sede Buenos Aires.

Con respecto al cerrojo impuesto por la cláusula contractual de “estricta confidencialidad y reserva”, los ejecutivos de Enarsa buscaron desligarse de cualquier semejanza con el conflictivo caso de YPF-Chevron.

“La confidencialidad –señalaron --recae sobre las cuestiones económicas porque la parte vendedora no quiere que otra competidora conozca los detalles del acuerdo”.

Más allá de los argumentos oficiales, lo que sí queda claro es que si no fuera por la publicación de los términos del contrato que hizo LPO, los funcionarios difícilmente hubieran dado a conocer públicamente los valores y las condiciones de las compras directas de gas que se acordaron con las compañías trasandinas.