Las declaraciones juradas de los funcionarios del Gobierno de Mendoza, publicitadas este martes por la Fiscalía de Estado, terminaron siendo un papelón que más que traerle satisfacciones a Cambiemos por su declamado combate contra la corrupción, terminó siendo un dolor de cabeza.

Es que por el mismo sistema implementado, donde los funcionarios hacen la presentación con pocas o nulas ganas, lo que ahí consta en muchos casos se interpreta como una tomada de pelo para los ciudadanos.

Pero vamos por parte. Alfredo Cornejo cobra como gobernador 68.429 pesos, y sólo tiene un lote valuado en 119.756 pesos. Su mujer, Lucía Panocchia, cuenta con una propiedad que vale –según avalúo fiscal– 239.045 pesos y un Pegueot 308 que vale 316.550 pesos.

Nada fuera de lo común, más allá de los avalúos fiscales que hacen que los inmuebles, terrenos o vehículos, tengan un valor muy por debajo del precio de mercado.

El problema se suscitó cuando los medios locales comenzaron a indagar en las DDJJ de los funcionarios de Cornejo. Hubo dos casos que llamaron mucho la atención y que generaron la furia de los ciudadanos. El primero es el de la ex senadora nacional y hoy vicegobernadora Laura Montero, que declaró tener una casa comprada en el año 1987 y cuyo valor es de 0,70 pesos.

Por otro lado, el ministro de Seguridad, el abogado Gianni Venier, declaró tener un Mercedes Benz SL 300 modelo 1991 que vale 1 peso. Algo similar ocurrió con el súper ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Enrique Vaquié, quien declaró poseer un terreno que cuesta 117 pesos. Además, el ex diputado nacional también declaró poseer el 100% de una casa, valuada en 65.700 pesos.

Más allá de las explicaciones del caso, que fueron incompletas, extemporáneas y en varios casos informales, el dolor de cabeza para todo el Gobierno tuvo que ver con las opiniones negativas que despertó la publicación de las DDJJ.

La intención de Cornejo apenas asumió fue diferenciarse de la gestión de Paco Pérez, que acumula imputados e investigaciones judiciales por supuestos casos de corrupción. Por eso, el radical ordenó a todos sus colaboradores presentarle al fiscal de Estado, Fernando Simón, la correspondiente declaración jurada. Claro que con calculó los detalles que se transformaron en el comentario de toda Mendoza, generando un terremoto político dentro del Gobierno.

En el este link de la Fiscalía de Estado de Mendoza, se pueden ver las DDJJ de los funcionarios mendocinos –no sólo del Ejecutivo–.