El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el ex intendente de la Ciudad, Carlos Grosso, mantienen una fuerte pulseada por el negocio de las fotomultas en la provincia de Buenos Aires. Se trata de una pelea que tiene su historia.

Corría 2011 y las aspiraciones presidenciales de Scioli chocaban por la furia de Amado Boudou quien, acorralado por la causa Ciccone, acusaba al entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires de posibilitarle a Boldt los negocios con la administración bonaerense.

Por esos meses, Gariel Mariotto y La Cámpora habían desembarcado en la Legislatura para dinamitar las aspiraciones del ex motonauta de llegar a la Rosada. Cristina Kirchner iniciaba un nuevo mandato y la presión sobre Scioli era una amenaza.

En ese contexto, es que el ex mandatario decide quitarle la prestación del servicio de procesamiento de infracciones en la Provincia a Boldt. En términos llanos: el negocio de las fotomultas, un contrato que le significaba un monto estable de 3 millones de pesos mensuales, que, de acuerdo a la temporada, se podía incrementar según la variable de recaudación por multas.

Grosso integra la mesa chica de Macri y es el gestor de los intereses de Cecaitra, la cámara de fabricantes de radares que se quedó con el negocio de las fotomultas en la provincia.

Con la bandera de la "estatización" afín al cristinismo, Scioli cede entonces el negocio a Cámara Empresaria de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra) y desde allí firman un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Pero, además, se municipaliza el servicio. Esto quiere decir que cada municipio tiene la posibilidad de controlar el sistema en su territorio. Eso generó tensión en su momento con Florencio Randazzo y ahora con Dietrich. “Tengo la agencia de Seguridad Vial y no puedo tener una política global sobre fotomultas porque las municipalizaron”, se queja el ministro.

El negocio se controla desde la fundación Aprender. Bernardino García es el presidente de la fundación y Pablo Fappiano es el director del Departamento de Seguridad Vial en esa fundación. Desde allí buscan que la prestación del servicio quede en manos de la Cámara.

Allí es donde aparece Grosso, como un gestor de Bernardino García ante el poder, para que Cecaitra y la fundación Aprender mantengan el negocio. Se sabe que el ex ejecutivo del Grupo Socma acompaña a Macri desde 2003, cuando el líder del Pro disputó por primera vez la Capital y hoy integra la muy reducida mesa chica del presidente, con influencia en la Nación, pero también en Ciudad y provincia.

Quien intenta romper con ese acuerdo es Dietrich que busca quedarse con el control de todo el esquema vial.