Era previsible. La denuncia del dólar futuro que impulsó en su momento Cambiemos y que ya en el poder acaso vio como una vía apropiada para acorralar a Cristina Kirchner, era lo más parecido a pegarse un tiro en los pies.

Es que como advirtió en su momento LPO, si hubo un delito, este tuvo una etapa de autoría intelectual –el diseño de la operación de los kirchneristas Axel Kicillof y Alejandro Vanoli- y una autoría material que quedó en cabeza de los funcionarios de Macri que primero devaluaron y luego pagaron los mismos contratos de dólar futuro que habían denunciado.

La situación se agravó cuando trascendió que entre los compradores de dólar futuro aparecían funcionarios del gobierno como los vicejefes de Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui; el amigo del presidente José Torello, el encargado de manejar los fondos de los jubilados Luis Blaquier y hasta el propio Macri Group.

Lo más complicado para el Gobierno es que funcionarios como Blaquier y las propias empresas de Quintana, cobraron esos contratos –denunciados por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo- una vez producida la devaluación y cuando ya habían asumido sus cargos. Lo lógico hubiera sido romperlos o en todo caso ponerlos a disposición de la Oficina Anticorrupción para que dictamine qué hacer, dado que se trataba de un acto impugnado ante la justicia federal por la propia fuerza política.

Quintana fue director de Farmacity y CEO del fondo Pegasus que compraron dólar futuro por más de 11 millones de dólares y los vendieron después de la devaluación con una ganancia sideral.

Pero esta situación ya de por si polémica tomó visos muy delicados para el ascendente vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, cuando se supo que un testimonio lo ubica en la propia definición del valor del dólar, una maniobra que le hizo ganar millones de esa moneda.

Quintana se despeñó hasta su asunción como director de Farmacity y CEO del Fondo Pegasus. Sigue siendo accionista de ambas empresas que, según se desprende del listado de compradores que tiene en manos el juez Claudio Bonadío adquirieron seguros de dólar futuro sobre 11,48 millones de dólares.

Según una nota publicada por el portal El Destape, Quintana fue uno de los funcionarios que participó junto con el secretario de Finanzas, Luis Caputo, de la reunión entre las autoridades del entonces nuevo Gobierno y las del Mercado a Término de Rosario S.A. (ROFEX), que concentra la mayoría de los contratos de dólar futuro. 

Según la declaración testimonial, ante el juez Claudio Bonadío, del Gerente General de ROFEX, Diego Germán Fernández, el precio del dólar futuro posterior a la devaluación que se empezó a definir en una reunión que se llevó a cabo "el domingo 13 de diciembre de 2015 en el Ministerio de Economía”, sostiene el testimonio.

La Comisión Nacional de Valores (CNV), a raíz de la denuncia judicial contra el ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, había dejado al ROFEX operando al 10% de su volumen, solo liquidando contratos y sin la posibilidad de la apertura de contratos. Por eso, se reunieron el domingo para encontrar una salida, ya que para el lunes se esperaba la reapertura del mercado.

Dos posiciones

En esa reunión, se enfrentaron dos posiciones: la de repudiar los contratos vendidos y no pagar un solo peso de los seguros de dólar futuro, abanderada por Federico Sturzenegger y Alfonso Prat Gay; y la de pagar la diferencia resultante el precio de referencia de Banco Central tras la devaluación y la firmada en los contratos, sostenida por las autoridades del ROFEX.

Se llegó a un punto medio: se decidió respetar la cotización de referencia, pero se modificaron los precios originales de los contratos según el mes en el que fueron concertados. Este “repricing” fijó que a los precios se les sumaran $1,25; y $1,75 respectivamente si habían concertado antes o después del 28 de octubre.

El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, se oponía a pagar los contratos de dólar futuro.

BCRA

"En esta última reunión (...) se acordó que si ROFEX declaraba la emergencia y realizaba una corrección de precios, el mercado podía ser normalizado y obviamente el BCRA iba a honrar sus obligaciones", recordó Fernández en su declaración del pasado 12 de febrero ante Bonadio.

"Las futuras (sic) autoridades de la Nación sostenían que el mercado podía quedar bloqueado en forma indefinida, que se iba a armar una comisión investigadora para ver las operaciones y que se iban a impugnar las operaciones al menos del período de septiembre a diciembre, generalmente decían con una acción de lesividad", recordó el ejecutivo.

Por eso, continúa el testimonio,"se llegó al consenso de que los valores de los futuros de Nueva York eran demasiado elevados para ser tenidos en cuenta" y hubo acuerdo en que "sí constituían una referencia válida las cotizaciones de los títulos públicos nacionales atados a la cotización del dólar oficial conocidos como dollar linked".

Quintana ganó con el repricing acordado menos de lo que hubiera correspondido a precio de mercado, pero se evitó el riesgo mayor que era que el Gobierno desconociera los contratos, que había denunciado.

Esta declaración deja mal parados a los diputados de Cambiemos que presentaron la denuncia contra Vanoli en la que lo acusan de incumplir la Carta Orgánica del Banco Central por vender contratos de futuros, lo cual es legal, pero por fuera del precio de mercado. La argumentación se centra en la diferencia de precios entre la cotización en el ROFEX ($10,50 promedio) y la del mercado de Nueva York ($15).

Según pudo saber LPO, al momento de la denuncia las autoridades del ROFEX hicieron llegar a Prat Gay un escrito informal explicando porqué para ellos la denuncia no tenía asidero.

Y aunque este “repricing” no fue tan conveniente para Quintana ni para los demás compradores de estos contratos como si se hubiera respetado el contrato original, a Sturzenegger y a Prat Gay este acuerdo no los satisfizo. Sobre las liquidaciones que iba a tener que pagar el Banco Central, luego decidieron imponer una retención del 35% en concepto de adelanto por ganancias.

Aun así,  este “repricing” no dejó contentas a las partes. Las pérdidas para el Banco Central producto de la conjugación a precios inconsistentes con las expectativas del mercado y la devaluación, se estiman en más de 60.000 millones de pesos. Y hoy el ROFEX recibió un embargo a pedido de un inversor precisamente por haber aceptado este acuerdo en detrimento de los compradores.