Diputados acordó hoy dictamen de la ley de acceso a la información pública, una vieja deuda de la democracia que tuvo apoyo de todos los bloques y algunas objeciones de Lilita Carrió.
La chaqueña aceptó dejar pendientes sus dudas para el debate en el recinto, donde Mauricio Macri festejará su segunda ley del año, esta vez por unanimidad.
Es que ni el Frente para la Victoria, que frenó esta ley durante años, se atrevió a ponerla en riesgo y firmará, en disidencia, el debate de mayorÃa.
Asà lo anunció Diana Conti, mientras que también subscribieron con objeciones Graciela Camaño (Frente Renovador) y Javier David (Justicialista).
Como adelantó LPO, Carrió exigió cuestionó las excepciones que habrá para que los organismos no entreguen información y propuso que, en ese caso, al menos pueda ser desclasificada en 10 o 15 años.
Se sumó a un reclamo del FPV para restarle poder al director de la Agencia de Información Pública, que será nombrado por el gobierno de turno. Pidió una bicameral con presencia de la oposición.
El diputado del PRO Pablo Tonelli, a cargo de la Comisión de Asuntos Constitucionales, le puso final al debate.
“Seguimos avanzando en una Ley de Acceso la Información Pública gracias al impulso del Poder Ejecutivo que demuestra el compromiso real y concreto del presidente Macri con esta iniciativa, y el consenso alcanzado con los Diputados de diversos sectores polÃticos", celebró
Y destacó que "el eje central es que la mayor cantidad de información que posee el Estado sea pública y que las excepciones sean lo más restringidas posibles".
El proyecto obliga a dar información pública a los organismos de todos los poderes del Estado, sindicatos, el Ministerio Público Fiscal; el Ministerio Público de la Defensa; el Consejo de la Magistratura; las empresas y sociedades del Estado que abarcan a las empresas del Estado, las sociedades del Estado.
También en las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economÃa mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias; las empresas y sociedades en las cuales el Estado nacional tenga una participación minoritaria, pero solo en lo referido a la participación estatal.
Este último punto fue una de las modificaciones aceptadas por el oficialismo, sólo que el Estado deberá informar únicamente por su participación como accionista y no sobre la compañÃa.
No es un dato menor: el Gobierno heredó una serie de acciones de las ex AFPJ, estatizadas por Néstor Kirchner.
La agencia de información pública deberá recibir los pedidos y en caso de no responder adecuadamente el solicitante tendrá 40 dÃas para ir a la justicia.
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