En medio del avance judicial sobre la ruta del dinero y los negocios del kirchnerismo y los coletazos de los “Panamá Papers”, el discurso macrista dejó al descubierto en los últimos días una marcada contradicción entre los anuncios del ministerio de Hacienda y Finanzas y el accionar de la cartera de Energía y Minería.

Casi al mismo tiempo en que el ministro Alfonso Prat-Gay salió a asegurar a los medios que “no habrá más aumentos en los servicios públicos durante este año”, algo que reiteró ayer de modo enfático en Nueva York ("aumentos de tarifas ya no hay más"), su colega Juan José Aranguren decidió poner en marcha la denominada “Revisión Tarifaria Integral” (RTI) de Edenor y Edesur que derivará, indefectiblemente, en un nuevo ajuste de tarifas en los últimos meses de 2016.

Frente a los cuestionamientos de los usuarios por la magnitud de las subas autorizadas para el gas, AySA, colectivos y trenes y el impacto en la inflación que se espera para abril y mayo; el titular de Hacienda y Finanzas buscó aportar algo de calma con la promesa de que éstos han sido los últimos aumentos de tarifas que tendrán los servicios públicos en el transcurso del año.

En el equipo económico de Prat Gay consideran que ya no hay más margen para seguir recortando el atraso tarifario heredado del anterior gobierno y que mantener los nuevos valores de los servicios hasta 2017 se torna clave para poder alinear las expectativas y las variables económicas en torno de una inflación mensual inferior al 2% a partir del segundo semestre del año.

En cambio, desde la óptica del ministerio de Energía los incrementos tarifarios que arrojarán las RTI de las distribuidoras eléctricas no deben soslayarse, ni demorarse más allá de diciembre de 2016 porque ha sido un compromiso asumido para restablecer el equilibrio del sector y poder concretar las inversiones necesarias para la mejora del servicio.

Con ese objetivo, Aranguren dio el visto bueno para que el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) inicie el programa de las RTI y salga a contratar a las consultoras privadas que deberán analizar y aprobar los planes de inversiones que llevarán adelante Edenor y Edesur durante el período quinquenal 2017- 2022.

Junto con la planificación de las obras y trabajos, la RTI contendrá los aumentos de tarifas que van a tener que afrontar los usuarios desde los últimos meses de 2016 y que irán directamente a las manos de las eléctricas metropolitanas.

Según el pliego licitatorio que armaron los técnicos del ENRE, las consultoras tendrán que “verificar la razonabilidad y consistencia de los planes presentados por las distribuidoras segregando los montos específicos destinados a la expansión del servicio, la renovación de las redes y la mejora de los niveles de calidad del suministro eléctrico”.

Además, los reguladores establecieron que “los costos de operación y mantenimiento, costos indirectos y de explotación comercial y su proyección durante el período tarifario deberán responder a una empresa que opere en forma eficiente, procurando la prestación del servicio dentro de las condiciones de calidad determinadas previamente para cada año”.

Los encargados de definir las RTI “deberán considerar costos de operación y mantenimiento decrecientes, toda vez que por la realización de inversiones destinadas a mejorar la calidad de servicio, se producirán disminuciones en el número de interrupciones”.

Entre las consultoras especializadas del sector llamó la atención uno de los requisitos que impusieron como filtro los colaboradores de Aranguren a las firmas que vayan a presentarse en la licitación.

Además de acreditar más de 10 años de experiencia en el tema, las consultoras deberán haber participado en “la implementación de dos revisiones tarifarias integrales de distribución eléctrica en mercados de similar complejidad”.

La mayoría de las consultoras locales que operan en el sector eléctrico no pueden cumplir con este requisito porque hace más de 15 años que no hay RTI. Las últimas de Edenor y Edesur tuvieron lugar a finales de la década del 90.

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