El ministro de Justicia, Germán Garavano, apuró a Mauricio Macri para que le acepte la renuncia al juez federal Norberto Oyarbide, pese a la advertencia de Elisa Carrió y a que integrantes del Consejo de la Magistratura cercanos al oficialismo sostienen que hay "elementos más que suficientes" para removerlo.

"Mi recomendación enfática al presidente Macri es que le acepte la renuncia", recalcó Garavano, que ayer se apresuró a avisar que el Presidente le aceptará la dimisión al polémico juez, que estaba a punto de enfrentar un proceso en la Magistratura. "Si el Poder Ejecutivo le acepta la renuncia a un juez, éste pierde los fueros, y puede ser investigado por la Justicia", argumentó.

Garavano dijo que en la conversación que tuvo con el Presidente apenas conocida la renuncia de Oyarbide, su opinión fue que la aceptara porque el procedimiento de juicio político demoraba meses y, además, había que conseguir mayoría agravada en el Consejo de la Magistratura. "No es un camino que deba mirarse, mi mirada es más pragmática", insistió.

"Mi visión es muy clara, y no es el primer caso, hace un mes aceptamos la renuncia de un juez del sur de Bahía Blanca que estaba sometido a juicio político. El procedimiento de remoción es muy complejo, con tiempos y situaciones que la sociedad no logra tolerar y, la finalidad, más allá de algunos accesorios, es la remoción", apuntó Garavano en diálogo con radio La Red.

La primera en salir al cruce del ministro fue Elisa Carrió, que volvió a reclamar que no le acepten la renuncia. "Garavano se equivoca, el fin no justifica los medios, aceptar la renuncia! Eso es impunidad", escribió en Twitter. 

El procedimiento iniciado por la Magistratura contra Oyarbide recién había comenzado, con la citación del magistrado que había presentado su descargo por escrito. A partir de ahora restaba que la Comisión de Disciplina decidiera si llevaba el caso al plenario del organismo para que allí se vote el comienzo del juicio político (se necesitan 9 votos sobre 13). 

En la misma línea de Garavano se expresaron los integrantes del Consejo de la Magistratura por el oficialismo Pablo Tonelli y Juan Bautista Mahiques. "La aceptación de la renuncia es un camino más corto, más breve y redunda en beneficios para el servicio de justicia", argumentó el diputado del PRO. "No es un certificado de buena conducta aceptarle la renuncia", detalló Tonelli.

Mahiques, subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, opinó que la renuncia de Oyarbide "lo pone cara a cara con la justicia penal" y agregó que aceptarle la dimisión"no significa una cobertura ante la justicia". Mahiques es hijo del ministro de Justicia bonaerense y ambos responden a Angelici, que a través del joven funcionario "trabajó" la renuncia de Oyarbide.

Garavano con el juez Oyarbide

Télam

En contra del argumento del PRO, hay que decir que Oyarbide ya fue sobreseído judicialmente por su presunta intervención para frenar un allamiento a una financiera vinculada a Carlos Liuzzi, segundo de Carlos Zannini. Este es el caso por el que el Consejo de la Magistratura había empezado a juzgarlo.

"Elementos más que suficientes"

La visión del Gobierno no es compartida por integrantes del Consejo de la Magistratura que actúan en tándem con el oficialismo, y que en este caso consideran que el organismo estaba en condiciones de remover a Oyarbide.

El juez Luis María Cabral consideró que "si hubiera juicio político hay condiciones más que suficientes para remover" de su cargo a Oyarbide, y sostuvo que la decisión del Poder Ejecutivo será de "carácter político".

El juez Cabral junto al consejero radical Ángel Rozas

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"Oyarbide está en condiciones de ser acusado, y estoy convencido de que su renuncia es por ese motivo. Ha incurrido en irregularidades extremas, es un mal juez, no tiene independencia, le falta de decoro público y es parcial, y eso exige una respuesta institucional para que no continúe ejerciendo la profesión", disparó Cabral, el juez que el kirchnerismo removió de la Cámara de Casación.

En tanto, la titular de la Comisión de Acusación y Disciplina, Adriana Donato, lamentó que "si Oyarbide deja de ser juez, el Consejo de la Magistratura pierde jurisdicción, y ya no puede continuar con el trámite disciplinario que se le había iniciado". La abogada admitió que  "el proceso acusatorio no era una certeza" porque necesitaban algún voto de los consejeros kirchneristas.

Hasta ahora, el radicalismo no expresó su postura y solo el diputado y consejero Gustavo Valdés hizo una breve reflexión en Twitter.

Por su parte, el fiscal José María Campagnoli -que no integra el Consejo de la Magistratura pero es representativo dentro del Poder Judicial- le recordó a Macri que "no es obligatorio aceptar la renuncia" porque "hay que aceptar los juicios políticos si corresponden y están fundados".

De haberse realizado el jury, y de haber resultado acusado, Oyarbide hubiese perdido su jubilación, que en el caso de los jueces es alta y representa el 82 por ciento móvil del salario que actualmente percibe.