Lázaro Báez, denunciado como el testaferro de Néstor y Cristina Kirchner, fue detenido hoy en un cinematográfico operativo, luego que descendiera de su avión privado en el aeródromo de San Fernando, por orden del juez federal  Sebastián Casanello, que pasó de dormir la causa de la ruta del dinero k por años a imprimirle un ritmo d evértigo desde que asumió Mauricio Macri.

Lo curioso es que Casanello ordenó la detención inmediata del empresario, cuando su avión aterrizó en San Fernando. Es decir, no es que se estaba subiendo a la aeronave con la posible intención de escaparse, sino que llegaba a la provincia.

Este juez federal apodado "La Tortuga" por su lentitud exasperante para tomar medidas contra la corrupción kirchnerista, cuando Cristina estaba en el poder; desde que asumió Macri reactivó la causa contra Báez luego que se difundieran en los medios las imágenes del hijo de Lázaro Báez contando millones de dólares en la financiera "La Rosadita", junto al contador Daniel Pérez Gadin, quien también fue detenido hoy.

Supuestamente, el juez tomó la decisión de detener a Báez ante la sospecha que preparaba su avión en Santa Cruz para irse del país, aunque finalmente aterrizó en el aeropuerto de aviones privados de San Fernando, el destino habitual en el que se dejan las aeronaves antes de venir a la Capital.

Hasta esta noche era una incógnita la situación de Martín Báez, el hijo de Báez que contaba el dinero ante las cámaras y que esta noche permanecía en Santa Cruz.

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El juez había citado a Báez y al resto de los imputados para esta semana (a Lázaro para el jueves), pero hoy advirtió que "las tareas ordenadas por este tribunal el pasado 31 de marzo" permitieron "observar que se encontraba sobre la pista de despegue del aeropuerto de la ciudad de Río Gallegos, en condiciones de operar, la aeronave matrícula LV-BPL -propiedad de la firma Top Air SA-", que adjudicó a la familia Báez.

"Mediante discretas tareas investigativas se habría determinado que aún no se había presentado el plan de vuelo, pero personal policial habría logrado determinar que el pasajero sería Lázaro Báez", añadió el juez. O sea, la falta de la presentación del plan de vuelo, fue suficiente elemento para Casanello para ordenar el mediático operativo, ya que las cámaras de los canales llegaron a San Fernando con el tiempo suficiente para tomar imagenes de la detención. O sea, alguien del juzgado les aviso.

El juez sostuvo en su escrito que "la noticia de la utilización de la aeronave privada a dos días de la fecha estipulada para la realización de la audiencia es un detonante que dispara los riesgos de fuga y exige el dictado urgente de una medida idónea que asegure los fines procesales".

La nave (matrícula LV-BPL) finalmente partió hoy a la tarde desde Río Gallegos y bajó en San Fernando, donde una comisión de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Federal aguardaban a Báez para detenerlo.

Lo cierto es que Lázaro Báez se movía siempre en su avión privado y es lógico que si tenía que venir a Buenos Aires a declarar lo hiciera por ese medio.

Casanello consignó en la resolución: "Se hace saber que, siendo aproximadamente las 15.30 horas, el nombrado habría abordado la aeronave matrícula LV-BPL en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, desconociéndose su destino".

Sin embargo, y pese a lo de "desconocer su destino", los policías montaron un impresionante operativo de seguridad en San Fernando para esperar a la nave habitualmente utilizada por Báez en sus vuelos privados.

En los últimos días insistentes versiones indicaban que sería detenido, e incluso fuentes cercanas a la pesquisa deslizaron que lo estaban "caminando", término usado en la jerga judicial para graficar cuando se siguen movimientos de un investigado.

Ante la trascendencia del eventual arresto, abogados cercanos a Báez y a los otros imputados realizaron consultas informales con el juzgado y obtuvieron respuestas negativas sobre supuestas órdenes de detención.

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Báez y Pérez Gadín fueron trasladados esta noche a la División Investigaciones Federales de Organizaciones Criminales (DIFOC), instalada en el mismo edificio de la comisaría 23, en el barrio porteño Palermo. Allí se procedía a lo que se conoce como "fichaje". Se preveía que al menos Báez iba a ser llevado a la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, en el barrio Villa Riachuelo, en el extremo sur de esta capital.

Allí iba a pernoctar, a la espera de que probablemente mañana Casanello le tome indagatoria.
El juez le reprocha a Báez "haber ingresado, a través de su hijo Martín Báez, el día 02/11/2012 y en otra fecha aún no determinada, pero presumiblemente en los últimos meses del año 2012, dinero por una suma total aproximada de 5.100.000 dólares estadounidenses) en la sociedad denominada SGI Argentina SA, que fue contado en el lugar en presencia de su hijo, como así también de César Gustavo Fernández, Walter Adriano Zanzot, Fabián Virgilio Rossi, Daniel Rodolfo Pérez Gadín y Sebastián Ariel Pérez Gadín, junto con otros sujetos no identificados".

Según el juez, se realizó "disimulando de ese modo la fuente real de los fondos para obtener su apariencia de licitud".

"Se presume que dichos fondos provienen de una ganancia ilícita obtenida por aquella firma (Austral Construcciones) de la que es accionista mayoritario, mediante la utilización de facturas apócrifas y la generación -a través de ese ardid- de un fraude fiscal", resumió el juez.
"Dicho dinero en efectivo habría sido trasladado a la sede de la citada SGI a dichos fines, mediante aviones adjudicados a la firma 'Top Air SA', de la cual el compareciente era accionista a través de Austral Construcciones SA y Walter Zanzot su presidente -y a la vez titular del 51 % restante-", concluyó.