México DF fue un caso testigo del avance en el sistema privado de transporte de las grandes ciudades de la empresa multinacional Uber, que busca instalarse en Buenos Aires y ya desató una guerra con los taxistas.

Como anticipó LPO, en el gobierno de Larreta sostienen que la aplicación Uber no cumple con la ley porteña de taxis y tampoco con la de remises, por lo que si empieza a operar en la Ciudad sin adecuarse a esas normas, aplicará sanciones a los conductores que utilicen la aplicación.

La misma advertencia había recibido Uber en otras partes del mundo como California, París y el Distrito Federal, lo que no impidió que se instalara a la fuerza en el uso cotidiano de esas poblaciones.

En la capital mexicana, como en el resto de las metrópolis, Uber se instaló rápidamente por una serie de ventajas de su servicio por sobre el taxi tradicional. Se trata de un sistema mucho más moderno y seguro, puesto que los pasajeros pagan un abono previo con tarjeta de crédito y por ende no hay dinero en efectivo, lo que evita los robos tanto a los pasajeros como a los conductores, que tienen prohibido recibir propina.

Además, hay otra serie de detalles superadores: la empresa obliga a que los vehículos sean nuevos y con aire acondicionado, bluethoot para que el usuario elija la música y hasta tenga la posibilidad de cargar el celular en el auto.

El caso mexicano

El líder de los taxistas del DF, Daniel Medina.

Por estos motivos, Uber comenzó a ser utilizada por miles de mexicanos. Pero tal como le está sucediendo por estas horas a Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la capital mexicana, Miguel Ángel Mancera, debió pilotear el año pasado la fuerte presión del gremio de los taxistas, liderados por Daniel Medina, que denunciaban “competencia desleal”: una advertencia muy similar a la que hizo hoy el titular del gremio argentino, Omar Viviani.

Las protestas del sindicato mexicano tuvieron altos grados de violencia, como sucedió hoy en Buenos Aires, cuando los taxistas atacaron a piedrazos el lugar en el que Uber estaba inscribiendo a los futuros conductores.

La empresa utilizó esas protestas en México para promocionarse: además de hacer hincapié en la violencia como una propaganda negativa para los taxistas y de instalar su marca con fuertes campañas a través de redes sociales, ofreció viajes gratis durante una huelga del sindicato y se metió a la gente en el bolsillo.

La primera reacción de Mancera fue no intervenir en el asunto, pero ante el contexto de beligerancia que adquirió el conflicto y ante el crecimiento simultáneo de la red de usuarios de la aplicación Uber, debió convocar para mediados de 2015 a una mesa de diálogo con el gremio de los taxistas, la empresa, organizaciones de defensa del consumidor y su secretario de movilidad.

En la reunión no hubo acuerdo entre las partes, puesto que los taxistas reclamaban que a Uber le impusieran las mismas condiciones normativas e impositivas que a ellos, tal como exige por el momento el gobierno de Larreta.

Pese a ello, Mancera debió aplicar medidas para demostrar que podía manejar el problema. En ese sentido, estableció que para poder circular legalmente, los conductores del sistema Uber deberían aportar el 1,5 por ciento del costo de cada viaje a la Comuna, para destinarlos a una suerte de “Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón”. Además, cada conductor debía pagar 1500 pesos mexicanos (unos 90 dólares) por año por el uso de la licencia.

Esta alícuota les pareció una burla a los taxistas y por esa razón el conflicto sigue, aunque las autoridades debieron aprender a convivir con Uber, que no paró de crecer en el DF y se extendió a otras ciudades del país norteamericano.