Si el 26 de junio de 2002 hubiera estado vigente el protocolo de actuación para piquetes anunciado por Patricia Bullrich, las imágenes de Alfredo Franchiotti asesinando a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán no hubieran sido registradas y el policía bonaerense jamás habría pisado la prisión.

Ocurre que el Capítulo III de la resolución del Consejo de Seguridad que encabeza la ministra Patricia Bullrich establece que en casos de manifestaciones públicas “se organizará” el trabajo de la prensa en “una zona de ubicación determinada, donde se garantice la protección de su integridad física, y no interfieran con el procedimiento”.

De tal manera, en aquella jornada camarógrafos y fotógrafos difícilmente se podrían haber trasladado desde el Puente Pueyrredón hasta la estación de Avellaneda, lugar de la masacre.

Es una orden de ejecución sumaria a la policía que puede incluir armas de fuego, balas de goma y cercenar la libertad de prensa, denunció a LPO Néstor Pitrola.

Y sin esas imágenes, el entonces gobernador Felipe Solá nunca hubiera revisado su reconocimiento público a Franchiotti, horas antes de saber que era un asesino.

Tampoco hubiera sido posible la condena a José Pedraza por el asesinato a Mariano Ferreyra en una manifestación ferroviaria. Para la justicia fueron claves las imágenes tomadas por C5N.

Por esa razón, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) expresó su preocupación por un posible ataque a la libertad de prensa, comprendido en el protocolo para lidiar con las protestas sociales que elaboró Bullrich, quien prometió que a partir de esa norma -cuestionada también por el CELS- se despejarán todos los piquetes en "cinco minutos".

“El texto es poco claro acerca del alcance de esta norma en relación al trabajo de los medios de comunicación, lo cual deja un amplio espacio librado a la aplicación de estas disposiciones, no establece qué podría ocurrir en caso de que un equipo de prensa no acate las órdenes coyunturales, ni determina quién las dispondría", expresó Fopea en un comunicado. La entidad nuclea a prestigiosos periodistas. 

Fopea se sumó así a reclamo de los partidos de izquierda, que el lunes harán una audiencia en el Congreso para cuestionar el protocolo y exigir que no haya límites a la cobertura periodística.

Sobrero, Pitrola, Bergman y Del Caño.

Télam

“Es una orden de ejecución sumaria a la policía que puede incluir armas de fuego, balas de goma y cercenar la libertad de prensa, porque la fuerza puede definir como deben cubrirse las manifestaciones”, denunció ante LPO Néstor Pitrola, diputado del Partido Obrero.

Pitrola no sólo se hará sentir en el Congreso: anticipó que movilizará a los dirigentes del sindicato de prensa cercanos al PO para exigir una protesta gremial.

“Es alto tenebroso, porque la Policía Federal sí puede filmar las manifestaciones como en el Proyecto X del kirchnerismo, que denunciamos. También pueden actuar brigadas policiales con ropa de civil y habilitar detenciones”, completó.

La periodista Norma Morandini, ex senadora y actual directora del observatorio de derechos humanos del Senado de la Nación, sostuvo que los derechos “no tienen que pelearse entre sí” y si bien prefirió la cautela encendió la alerta sobre la libertad de expresión.

“No se debe coartar el derecho a circular de los periodistas, porque si bien en algunos eventos se puede trabajar desde un corralito, no puede ser en todos los casos”, afirmó.

Protestas en Cambiemos

Las críticas a restringir coberturas mediáticas también hizo ruido en el seno del frente Cambiemos, donde en la UCR no están de acuerdo con digitar estas coberturas desde el Ministerio de Seguridad.

Una de las históricas fotos d ela masacre de Kosteki y Santillán.

“Cualquier protocolo debe ser muy transitorio a efectos de enviarle un mensaje a la sociedad, pero luego todo debe ser regulado por ley”, sostuvo el entrerriano Jorge D’agostino, secretario general de la UCR y autor de uno de los 12 proyectos que hay en el Congreso sobre piquetes.

Ninguno hablaba de la prensa. “Hay que hacer todo lo contrario –protestó D’agostino- porque la necesidad principal que tienen los manifestantes es la de hacer conocer sus protestas. Hay que permitir su difusión”.

“La problemática está que mi derecho comienza cuando termina el otro. La ley es necesaria para regular un derecho a protestar que hay en el artículo 14 bis de la Constitución”.

“Pero no vamos a lograr que manifiesten la vereda como en Estocolmo o con un pie en la calle como en Washington. Tampoco se puede avisar dos días antes. Eso es imposible en Argentina”, culminó D’agostino.